Reclamaciones por daños en cirugía laparoscópica

Qué es la cirugía laparoscópica y daños habituales

La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que permite acceder a la cavidad abdominal mediante pequeñas incisiones por las que se introducen una cámara y el instrumental. Sus ventajas respecto a la cirugía abierta incluyen menor dolor postoperatorio, cicatrices reducidas, alta más temprana y una recuperación más rápida. No obstante, como cualquier procedimiento quirúrgico, no está exento de riesgos y complicaciones. Cuando estos daños se producen por un funcionamiento incorrecto, una mala planificación, un error de ejecución o una deficiente información al paciente, puede existir responsabilidad y nacer el derecho a reclamar indemnización.

Entre los daños más frecuentes se encuentran lesiones de vísceras huecas (perforación de intestino, estómago o vejiga), lesiones vasculares con hemorragias internas, quemaduras por electrocauterio, complicaciones anestésicas, infecciones nosocomiales, hernias en las incisiones (trocar) y adherencias que acaban en obstrucción intestinal. También aparecen secuelas funcionales como dolor crónico, limitación de la movilidad o infertilidad cuando la intervención afecta al aparato reproductor. Es importante diferenciar entre riesgo inherente (que puede suceder aun actuando correctamente) y daño evitable (cuando una actuación diligente hubiera prevenido el resultado).

En la práctica, el análisis técnico de la historia clínica y del parte quirúrgico permite identificar si la lesión fue un riesgo asumido y correctamente gestionado (por ejemplo, detectado y tratado intraoperatoriamente) o si hubo una desviación en la técnica: uso inadecuado de energía, mala colocación de trocares, insuficiente control visual del campo, o falta de conversión a cirugía abierta cuando el caso lo requería. Esta distinción es la base para la reclamación.

Marco legal y responsabilidad sanitaria

En España, la responsabilidad por daños en el ámbito sanitario se articula de forma distinta según la naturaleza del centro: si es público, la vía habitual es la responsabilidad patrimonial de la Administración (objetiva en su configuración, pero exigente en la prueba de nexo causal); si es privado, opera el régimen civil (contractual o extracontractual) con análisis de culpa o negligencia. En ambos casos, la referencia técnica para valorar la corrección de la actuación es la lex artis ad hoc —el estándar de diligencia exigible al profesional de acuerdo con la ciencia del momento y las circunstancias del caso.

Además del deber de correcta ejecución técnica, la normativa impone obligaciones de información preoperatoria suficientes, personalizadas y comprensibles. Un consentimiento informado defectuoso (genérico, incompleto o no explicado) puede, por sí mismo, generar responsabilidad por pérdida de oportunidad si el paciente no pudo valorar riesgos reales, alternativas (incluida la cirugía abierta) o la posibilidad de posponer la intervención para nuevas pruebas.

• Centros públicos: reclamación ante Administración sanitaria y, en su caso, contencioso-administrativo.
• Centros privados: reclamación previa frente a aseguradora y demanda civil.
• Obligaciones transversales: historia clínica íntegra, protocolos, seguridad del paciente y trazabilidad del material.

Viabilidad de la reclamación y lex artis

La viabilidad se apoya en cuatro ejes: (1) existencia de un daño cierto (lesión o secuela), (2) antijuridicidad del daño —esto es, que el paciente no tenga el deber jurídico de soportarlo-, (3) nexo causal entre la actuación sanitaria y el resultado, y (4) imputación por infracción de la lex artis o por información insuficiente. En laparoscopia, los estándares incluyen selección adecuada del paciente, valoración preoperatoria completa, técnica correcta, monitorización y respuesta diligente a las complicaciones.

Ejemplos de infracción de la lex artis pueden ser la colocación ciega de trocares sin verificación de estructuras, el empleo de energía sin aislamiento correcto generando quemaduras invisibles, la no conversión a abierta ante sangrado no controlado, la demora en diagnosticar una perforación (síndrome peritoneal horas postcirugía) o el alta prematura sin criterios de seguridad. También lo es una deficiente coordinación del equipo que retrasa una reintervención urgente.

La valoración comparativa con guías clínicas y protocolos del centro ayuda a objetivar la desviación. El informe pericial debe describir paso a paso la técnica prevista, lo ocurrido según el parte y la historia, y por qué el resultado no es compatible con una actuación diligente. Este análisis es la base de la negociación con la aseguradora o de la demanda.

Pruebas médicas y documentales indispensables

La prueba reina es la historia clínica completa, que debe incluir informes preoperatorios, consentimiento informado específico, parte anestésico, parte quirúrgico con incidencias, hojas de enfermería, controles postoperatorios, analíticas e informes de reingresos o reintervenciones. A ello se suman imágenes (TAC, ecografías), cultivos si hubo infección y documentación de materiales (trocares, dispositivos de energía) con sus números de lote.

• Reúne todo el itinerario asistencial, incluidos centros distintos si hubo derivaciones.
• Solicita copia íntegra y legible; si hay omisiones, deja constancia por escrito.
• Conserva recetas, bajas laborales, tickets y facturas: demuestran el perjuicio económico.

Las evidencias personales también cuentan: un diario de síntomas, fotografías de heridas y cicatrices, y mensajes o correos que acrediten advertencias tardías o visitas urgentes. Los testigos (familiares que acompañaron) pueden reforzar tiempos y evolución.

El informe pericial médico-quirúrgico integrará todo lo anterior y, con lenguaje técnico, explicará la causalidad, la evitabilidad y el alcance de las secuelas. Un buen peritaje es el pilar del éxito.

Cálculo de la indemnización y conceptos resarcibles

La indemnización persigue restituir integralmente el daño. En sanidad privada se aplica doctrina civil y, por analogía, puede usarse el Baremo de Tráfico como referencia para cuantificar secuelas y perjuicios, adaptándolo al contexto sanitario. En la sanidad pública, los tribunales también acuden a criterios del Baremo para asegurar igualdad. La cuantía final dependerá del tipo de lesión, del tiempo de curación, de las secuelas estéticas y funcionales, de la necesidad de revisiones o cirugías correctoras y del impacto en la vida laboral y personal.

• Daño personal: días de curación, ingresos, reintervenciones, dolor crónico, secuelas.
• Daño moral: ansiedad, pérdida de calidad de vida, afectación a proyectos vitales.
• Perjuicio económico: gastos médicos, farmacia, transporte, adecuaciones, pérdida de ingresos.
• Daño estético: cicatrices visibles, deformidades, alteración de la imagen corporal.

Las ofertas motivadas de las aseguradoras deben revisarse con rigor. Una negociación bien sustentada en pericia y pruebas reduce tiempos y evita pleitos, pero no se debe aceptar una cantidad que no refleje el daño real ni renunciar sin estudiar la viabilidad judicial.

Vías para reclamar: administrativa, civil y penal

La elección de la vía condiciona plazos, prueba y tiempos. En centros públicos, la reclamación patrimonial comienza con una solicitud ante la Administración sanitaria describiendo hechos, daño, nexo y cuantía. Si es desestimada (expresa o por silencio), se acude al contencioso-administrativo. En centros privados, se formula reclamación previa a la aseguradora y, si no hay acuerdo, demanda civil. La vía penal se reserva para supuestos graves de imprudencia con evidente infracción de deber y resultado severo, aunque no es la ruta habitual.

• Administrativa: idónea para hospitales públicos; exige acreditar relación causal y funcionamiento anormal.
• Civil: responsabilidad por culpa/negligencia y por falta de información; espacio natural para clínicas privadas.
• Penal: excepcional; requiere imprudencia grave y prueba robusta.

La estrategia debe valorar costes, tiempos, carga probatoria y expectativas de éxito. En todo caso, una reclamación previa bien fundamentada puede propiciar acuerdos extrajudiciales que evitan el litigio.

Plazos de prescripción y cómputo

El tiempo es crítico. En sanidad pública, el plazo para reclamar responsabilidad patrimonial suele ser de un año desde la consolidación de secuelas o la alta médica. En la sanidad privada, la acción civil contractual suele prescribir a los cinco años (y la extracontractual, al año), con particularidades. El cómputo puede iniciarse cuando el paciente toma conocimiento del daño y su alcance, lo que exige analizar informes y evolución clínica. Actos como reclamaciones extrajudiciales o solicitudes de historia clínica pueden interrumpir o suspender la prescripción, según el caso.

En cirugía laparoscópica, es frecuente que complicaciones como perforaciones no diagnosticadas emerjan horas o días después, y que secuelas como el dolor neuropático se consoliden meses más tarde. Documentar esa evolución es clave para fijar el hito de inicio del plazo. Ante la duda, actúa cuanto antes y deja constancia escrita de cualquier reclamación o solicitud para asegurar la interrupción.

Estrategia probatoria y papel del perito

El perito médico-quirúrgico traduce la historia clínica a conclusiones técnicas comprensibles para juristas y jueces. Debe señalar la técnica indicada, detallar la ejecución y comparar lo sucedido con los estándares. En laparoscopia, valorará la idoneidad del acceso, el control visual, el manejo de energía, la indicación de conversión y la respuesta a incidencias. Asimismo, valorará la suficiencia del consentimiento informado, explicando qué riesgos eran previsibles y si fueron explicados de forma personalizada.

La estrategia probatoria combina documentos, testigos y pericia. Una cronología clara, cuadros comparativos de guías clínicas y un mapa de evidencias (qué prueba demuestra cada extremo) facilitan la comprensión del caso. En negociación, un buen informe pericial eleva la oferta; en juicio, permite al tribunal entender por qué la secuela no es un “mal tolerable” sino el producto de una desviación técnica o informativa.

Pasos prácticos para reclamar

1) Atención médica y estabilización: prioriza tu salud. 2) Obtención de historia clínica: pide copia íntegra. 3) Diario y evidencias: registra síntomas, bajas y gastos. 4) Preinforme pericial: consulta con un perito para valorar viabilidad. 5) Reclamación previa: redacta un escrito claro con hechos, daño, nexo y cuantía orientativa. 6) Negociación con aseguradora/Administración: aporta pericia y cuadro económico. 7) Demanda o recurso: si no hay acuerdo, prepara la vía judicial idónea. 8) Seguimiento: actualiza daños y gastos hasta la estabilización de secuelas.

• Centraliza toda la documentación en un expediente digital con índices.
• Usa modelos de autorización para solicitar informes a otros centros.
• Evita publicar el caso en redes durante la reclamación.

Una orientación profesional desde el inicio mejora el resultado: evita errores de enfoque, asegura el cumplimiento de plazos y potencia la posición negociadora con una narrativa probatoria sólida.

Preguntas frecuentes

¿Toda complicación de una laparoscopia es reclamable? No. Solo cuando el daño es evitable o deriva de infracción de la lex artis o de un consentimiento informado insuficiente. Si el riesgo era típico y se gestionó correctamente, no habrá responsabilidad.

¿Qué hago si faltan documentos en la historia clínica? Solicita de nuevo por escrito la entrega íntegra y precisa los documentos ausentes (parte quirúrgico, anestésico, etc.). Si persiste la omisión, formula queja ante la autoridad sanitaria y deja constancia para efectos probatorios.

¿Puedo reclamar si firmé el consentimiento informado? Sí, si la información fue genérica, no personalizada o no se explicaron riesgos relevantes y alternativas. La firma no cubre defectos informativos ni errores técnicos.

¿Cuánto puede tardar una reclamación? Depende de la vía y de si hay acuerdo. Una negociación motivada puede cerrarse en meses; un procedimiento judicial puede durar más. Es clave presentar un expediente sólido para acortar tiempos.

¿Qué coste tiene el perito? Varía según la complejidad del caso. Considera el peritaje como una inversión: es determinante para cuantificar daños y acreditar la infracción técnica o informativa.