Negligencias médicas en traumatología: reclamaciones

Qué es negligencia traumatológica

La traumatología aborda el diagnóstico y tratamiento de lesiones del sistema músculo-esquelético: huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. Hablamos de negligencias médicas en traumatología cuando la actuación del profesional o del centro sanitario se aparta de la lex artis —las buenas prácticas aceptadas por la comunidad médica en ese momento— y ese apartamiento causa un daño evitable al paciente. No se trata de exigir resultados perfectos, sino de evaluar si el procedimiento diagnóstico, terapéutico o quirúrgico fue el adecuado, informado y diligente en las circunstancias concretas del caso.

Las negligencias traumatológicas pueden manifestarse en errores de diagnóstico (fracturas no detectadas, lesiones ligamentosas ignoradas), tratamientos inapropiados (inmovilizaciones incorrectas, rehabilitación insuficiente), cirugías deficientes (reducciones mal realizadas, fijaciones inestables, colocación errónea de tornillos o clavos), fallos de seguimiento (no control radiológico, alta prematura) y problemas en la información al paciente (consentimiento informado incompleto o inexistente). La clave reside en comprobar si otro profesional razonable, en las mismas condiciones, habría actuado de modo distinto y evitado el resultado lesivo.

Este marco se aplica tanto en la sanidad pública como en la privada. La vía de reclamación variará (responsabilidad patrimonial frente a la Administración o responsabilidad civil contractual/extracontractual), pero la exigencia probatoria —apoyada por pericial médica— es siempre determinante. Si sospechas de negligencias médicas en traumatología, documenta los hechos desde el primer momento y solicita asesoramiento especializado sin demora.

Lesiones y escenarios frecuentes

Ciertas situaciones se repiten en las reclamaciones de traumatología. Comprenderlas ayuda a identificar cuándo puede existir responsabilidad y qué pruebas conviene reunir. Uno de los escenarios típicos es la fractura mal reducida o mal consolidada: la alineación inadecuada de los fragmentos óseos provoca deformidades, acortamientos, limitación funcional o dolor crónico. En ocasiones, la fijación interna se realiza con tornillos o placas mal posicionados, que invaden articulaciones o comprimen estructuras neurovasculares.

Otro foco de conflicto son las lesiones ligamentarias —por ejemplo, del ligamento cruzado anterior— no diagnosticadas en Urgencias o tratadas solo con reposo. La demora en la resonancia o en derivar a un especialista puede ocasionar inestabilidad, meniscopatías asociadas y artrosis precoz. En la cirugía protésica (cadera, rodilla, hombro), emergen reclamaciones por aflojamiento temprano, dismetría de extremidades, luxaciones recurrentes o selección inadecuada del implante. También aparecen daños por síndrome compartimental no detectado a tiempo, lesión del nervio radial tras fracturas de húmero, o necrosis avascular de cabeza femoral tras retraso terapéutico.

• Errores de diagnóstico inicial en Urgencias (radiografías mal interpretadas, ausencia de proyecciones necesarias).
• Inmovilizaciones inadecuadas o altas tempranas sin control.
• Falta de consentimiento informado específico a la técnica y riesgos relevantes.
• Rehabilitación insuficiente o no pautada que prolonga la incapacidad.
• Infecciones de herida quirúrgica o de prótesis por fallos de profilaxis o asepsia.

No toda complicación implica mala praxis. En traumatología existen riesgos inherentes que deben haberse explicado y afrontado con protocolos adecuados. La diferencia entre complicación y negligencia reside en si se actuó conforme a guías, se vigiló adecuadamente y se reaccionó con diligencia ante signos de alarma.

Requisitos legales y plazos

Para prosperar una reclamación por negligencias médicas en traumatología es imprescindible acreditar: (1) infracción de la lex artis o defecto en la información al paciente; (2) la existencia de un daño real (lesión, secuelas, pérdidas económicas); y (3) nexo causal entre la actuación y el daño. La carga probatoria suele recaer en el paciente, si bien hay supuestos de inversión o facilitación de la prueba cuando faltan registros clínicos esenciales o el consentimiento informado es deficiente.

En cuanto a plazos, en España varían según el ámbito: en sanidad pública, la acción de responsabilidad patrimonial frente a la Administración dispone de un plazo generalmente breve (habitualmente un año) desde la estabilización de las secuelas o desde el alta. En sanidad privada, la vía civil puede ser contractual o extracontractual, con plazos que pueden diferir (por ejemplo, de varios años en la contractual y más breve en la extracontractual), computados desde que el daño es conocido y cuantificable. Si existe posible relevancia penal —por lesiones imprudentes— también rigen plazos específicos. Dado que la prescripción puede interrumpirse con actuaciones fehacientes, conviene planificar a tiempo.

Asesorarse precozmente es decisivo: revisar la póliza del seguro del centro o del profesional, enviar reclamación previa cuando proceda e interrumpir la prescripción con burofax o reclamación administrativa formal son pasos que ordenan el calendario y evitan la caducidad de derechos.

Pruebas esenciales y historia clínica

La prueba es el corazón de toda reclamación. El primer documento a obtener es la historia clínica completa: informes de Urgencias, notas de evolución, órdenes médicas y de enfermería, informes radiológicos, consentimientos informados, quirúrgicos y de alta, así como imágenes originales (DICOM) de radiografías, TAC o RM. El paciente tiene derecho de acceso y copia. La ausencia de registros clave —por ejemplo, hoja de consentimiento o controles postoperatorios— puede perjudicar la defensa del centro sanitario y reforzar la posición del reclamante.

La pericial traumatológica independiente es la piedra angular: evalúa si la actuación se ajustó a la lex artis, determina el nexo causal, describe el daño funcional y las secuelas, y valora la necesidad de reintervenciones o de rehabilitación adicional. En ocasiones se requiere pericial complementaria (anestesia, radiología, rehabilitación, medicina del trabajo) para evaluar bajas y pérdidas de ingresos.

• Conservar cronológicamente informes y pruebas de imagen.
• Registrar por escrito síntomas, limitaciones y su impacto laboral.
• Reunir facturas y recibos: tratamientos, medicación, desplazamientos, ayudas técnicas.
• Solicitar segunda opinión clínica cuando existan dudas razonables.

Cuanto más sólida y ordenada sea la base probatoria, mayor capacidad de negociación existirá con aseguradoras y mayor probabilidad de éxito en sede judicial.

Proceso de reclamación paso a paso

El itinerario varía según sea sanidad pública o privada, pero suele seguir una secuencia lógica. Primero, evaluación inicial: entrevista jurídica, recopilación documental y viabilidad pericial. Si el informe médico apunta a infracción de la lex artis, se define la vía procedente. En sanidad pública, es habitual presentar una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial con pericial y documentación; la Administración resolverá y, en su caso, cabrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En sanidad privada, suele intentarse una reclamación extrajudicial frente a clínica, profesional y aseguradora, buscando acuerdo.

Si no hay acuerdo, se interpone demanda judicial ante la jurisdicción competente, acompañada de pericial y proposición de prueba (testificales, documentales, oficios para aportar imágenes). Durante el proceso pueden plantearse medidas como la designación judicial de perito o la solicitud de diligencias preliminares para completar documentación. Paralelamente, es útil valorar la mediación o un acuerdo indemnizatorio parcial que cubra tratamientos urgentes o prótesis.

• Definir pretensión: daño corporal, secuelas, lucro cesante y gastos futuros.
• Valorar riesgos procesales y costes (periciales, tasas cuando procedan).
• Preparar al paciente para la vista, cuidando coherencia y claridad del testimonio.

Indemnizaciones y cálculo del daño

La cuantificación del daño en traumatología combina criterios médicos y jurídicos. Se valora el perjuicio personal básico (dolor, sufrimiento), el perjuicio particular (pérdida de calidad de vida, perjuicio estético), las secuelas (limitación articular, inestabilidad, artrosis postraumática), el lucro cesante (ingresos dejados de percibir) y los gastos (rehabilitación, fármacos, desplazamientos, ortesis y prótesis, adaptaciones del hogar). En la práctica, se emplean tablas y baremos orientativos para dotar de objetividad a la valoración y facilitar acuerdos con aseguradoras.

La pericial debe detallar días de curación (hospitalarios, impeditivos y no impeditivos), secuelas con descripción funcional y valoración numérica, compatibilidad laboral y la previsión de tratamientos futuros. Es esencial acreditar los gastos con facturas y justificar el lucro cesante con nóminas, declaraciones fiscales o informes de empresa.

• Daños materiales: pérdida o daño de efectos personales (muletas, plantillas, ayudas técnicas).
• Gastos médicos: rehabilitación prolongada, segundas cirugías, fisioterapia, analgesia.
• Perjuicio laboral: reducción de jornada, bajas y limitaciones permanentes.

En supuestos graves (lesiones neurológicas, infecciones protésicas que requieren explantación, fallos de columna con déficit motor), las indemnizaciones pueden incluir también ayuda de tercera persona y adaptación del entorno, por lo que un cálculo minucioso y actualizado resulta imprescindible.

Errores en columna y prótesis

Las cirugías de columna y las artroplastias (cadera, rodilla, hombro) concentran un buen número de reclamaciones por su complejidad y por el impacto funcional cuando algo falla. En columna, los errores más frecuentes incluyen indicación quirúrgica inadecuada, falta de correlación clínico-radiológica, colocación incorrecta de tornillos pediculares con lesión radicular, o ausencia de descompresión suficiente. El control intraoperatorio con fluoroscopia y la verificación posoperatoria precoz mediante imagen forman parte de la lex artis; su omisión puede sustentar la reclamación.

En prótesis, los conflictos típicos abarcan dismetrías significativas tras artroplastia de cadera, aflojamiento temprano por mala orientación de componentes, luxaciones recurrentes por mal posicionamiento o elección inadecuada del implante. Las guías recomiendan planificación preoperatoria (templating), selección individualizada del implante, profilaxis antibiótica y tromboembólica, así como protocolos estricto-asépticos. Cuando el registro quirúrgico y las imágenes demuestran apartamiento de estos estándares, el nexo causal se refuerza.

• Verificar consentimiento informado específico: riesgos de lesión nerviosa, infección, luxación, aflojamiento.
• Comprobar controles: radiografías de calidad y a tiempo, rehabilitación pautada y seguimiento.
• Recoger síntomas persistentes: dolor, parestesias, inestabilidad, claudicación.

Infecciones nosocomiales y responsabilidad

Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, especialmente tras cirugías traumatológicas y ortopédicas, suponen complicaciones de gran impacto. No toda infección hospitalaria implica negligencia: son riesgos conocidos incluso con medidas preventivas. Sin embargo, la responsabilidad puede surgir cuando se evidencia incumplimiento de protocolos de asepsia, defectos de esterilización, profilaxis antibiótica inadecuada o retraso injustificado en el diagnóstico y tratamiento (p. ej., no solicitar cultivo, no desbridar o no cambiar antibiótico pese a mala evolución).

La prueba se centra en la documentación de profilaxis, listas de verificación quirúrgica, registros de esterilización, cultivos y antibiogramas, así como en la cronología de fiebre, dolor, eritema y supuración. La aparición precoz de signos sin respuesta terapéutica y la ausencia de controles fortalecen la tesis de mala praxis. En infecciones protésicas, el retraso en desbridar o en indicar cirugía de rescate puede agravar las secuelas e incrementar la indemnización.

• Solicitar copia de protocolos y registros de quirófano cuando sea posible.
• Conservar resultados de laboratorio y tratamientos antibióticos pautados.
• Registrar fotográficamente la evolución de la herida si es viable.

Cómo elegir abogado y perito

El éxito de una reclamación por negligencias médicas en traumatología depende en gran medida del equipo jurídico-médico. Busca un abogado con especialización en responsabilidad sanitaria y experiencia en lesiones músculo-esqueléticas. Debe ofrecer una evaluación inicial franca de viabilidad, explicar la estrategia (vía pública/privada), calendarizar actuaciones para no perder plazos y detallar costes previsibles (periciales, procurador, tasas cuando procedan). La transparencia en honorarios —fijo, porcentaje sobre resultado o mixto— evita malentendidos.

El perito traumatólogo ideal combina práctica clínica, experiencia en quirófano y hábito de declarar en juicio. Su informe debe ser didáctico y sólido: describe el estándar de cuidado aplicable, analiza la documentación, explica el nexo causal y cuantifica el daño con criterios aceptados. Es recomendable que revise personalmente las imágenes DICOM y que proponga, si procede, exploración física o pruebas complementarias.

• Pedir casos de referencia y sentencias favorables en materia traumatológica.
• Valorar disponibilidad para mediación y negociación con aseguradoras.
• Exigir borrador pericial antes de remitir a la otra parte para corregir lagunas.

Preguntas frecuentes