Úlceras por presión en hospital o residencia: reclamar

Si necesita reclamar úlceras por presión sufridas en un hospital o en una residencia, lo primero es saber que ni toda escara implica mala praxis ni debe normalizarse una lesión potencialmente evitable. Para valorar una reclamación habrá que analizar la prevención aplicada, el riesgo basal del paciente, su movilidad, la evolución clínica, los medios disponibles y, sobre todo, la documentación asistencial.

En España, este tipo de casos suele examinarse desde la responsabilidad sanitaria y, según el centro y las circunstancias, también desde la responsabilidad civil de la entidad titular. La Ley 41/2002 resulta clave para revisar la información clínica y la historia clínica; y, cuando el daño se produce en la sanidad pública, conviene valorar el encaje en la responsabilidad patrimonial de la Administración prevista en la Ley 40/2015.

Qué son las úlceras por presión y cuándo pueden dar lugar a una reclamación

Las úlceras por presión, también llamadas escaras, son lesiones de la piel y de los tejidos subyacentes que pueden aparecer por presión mantenida, fricción o cizalla, especialmente en pacientes inmovilizados, encamados o con fragilidad importante. Son más frecuentes en talones, sacro, caderas o zonas de apoyo prolongado.

Desde el punto de vista jurídico, no existe una norma que diga que las escaras sean “reclamables” por definición. Lo relevante es si el caso puede encajar en un régimen de responsabilidad por funcionamiento asistencial inadecuado o por daños y perjuicios. Para ello, suele ser esencial comprobar si se evaluó el riesgo, si había protocolo de cuidados, si se realizaron cambios posturales, si se usaron superficies especiales de alivio de presión cuando procedía y si todo ello quedó documentado.

La Ley 41/2002 es especialmente útil porque reconoce el derecho del paciente a recibir información asistencial y regula la historia clínica como instrumento fundamental para conocer qué se hizo, cuándo y con qué seguimiento. En particular, conviene revisar el contenido de la información clínica y la documentación generada durante el ingreso o la estancia.

• Si la lesión aparece de forma rápida en un paciente de alto riesgo, habrá que valorar si era evitable total o parcialmente.
• Si existían factores graves previos, como desnutrición, vasculopatía o situación terminal, la reclamación exigirá un análisis pericial más cuidadoso.
• Si la documentación es incompleta o contradictoria, eso no acredita por sí solo la negligencia, pero puede ser un dato relevante al reconstruir la asistencia.

Cuándo puede haber negligencia en un hospital o en una residencia

Hablar de negligencia médica o de mala praxis geriátrica exige prudencia. No se trata de juzgar el resultado final de forma automática, sino de comparar la actuación real con lo que razonablemente cabía esperar en ese contexto asistencial. En un hospital o una residencia, puede haber indicios de actuación deficiente cuando no consta una evaluación inicial del riesgo, no se documentan cambios posturales, faltan curas básicas, existe retraso llamativo en la detección de la lesión o no se adoptan medidas preventivas adecuadas al perfil del paciente.

También conviene examinar si hubo una correcta transmisión de la información a la familia o al propio paciente, si se explicó la evolución de la lesión y si se reflejaron en la historia clínica las decisiones asistenciales más relevantes. La Ley 41/2002 reconoce el derecho a la información clínica y regula el consentimiento informado en los términos legalmente previstos; aunque en estos casos muchas decisiones de cuidado ordinario no se articulan como un consentimiento formal específico, sí resulta relevante la calidad de la información y de la documentación.

Indicadores prácticos que suelen revisarse

• Escala de valoración del riesgo de úlceras por presión al ingreso y reevaluaciones posteriores.
• Hojas de enfermería y registro de cambios posturales.
• Protocolo de cuidados, colchones o cojines antiescaras y medidas de descarga.
• Control del estado nutricional, hidratación e integridad cutánea.
• Fecha exacta de aparición, evolución por grados y tratamiento pautado.
• Comunicación a la familia o representante y trazabilidad de incidencias.

En las residencias de mayores, además, habrá que distinguir si el problema deriva de cuidados asistenciales, de organización del centro, de falta de supervisión o de una combinación de factores. La responsabilidad residencia puede requerir analizar tanto la prestación material de cuidados como la dotación y coordinación del personal, siempre según la documentación y el caso concreto.

Qué diferencias hay entre reclamar a la sanidad pública, a un hospital privado o a una residencia

La vía puede variar según la naturaleza pública o privada del centro, la relación asistencial y quién sea la entidad responsable. Por eso conviene no simplificar.

Si el daño se produce en la sanidad pública, suele valorarse el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración. La Ley 40/2015 establece, con carácter general, que los particulares pueden ser indemnizados por las Administraciones por lesiones sufridas en sus bienes y derechos cuando sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que concurran los requisitos legales y la lesión sea antijurídica, efectiva, evaluable e individualizada.

Si se trata de un hospital privado, el análisis suele desplazarse al ámbito de la responsabilidad civil y contractual o extracontractual, según el supuesto. En ese terreno, el Código Civil puede servir de apoyo, especialmente en materia de responsabilidad por daños y perjuicios, siempre que encaje con los hechos acreditados y con la relación jurídica existente.

En una residencia privada o concertada, habrá que estudiar si el daño deriva de cuidados sanitarios, asistenciales o de ambos, quién prestó efectivamente la atención y cuál era la entidad titular o gestora. En centros concertados o con participación pública, la determinación del régimen aplicable puede requerir un examen específico de la documentación de ingreso, del concierto o de la fórmula de gestión.

Qué pruebas conviene reunir para acreditar el daño y la asistencia recibida

La prueba es el eje de este tipo de reclamaciones. Muchas veces la clave no está solo en demostrar que existió una lesión, sino en acreditar cómo se cuidó al paciente antes de que apareciera, cómo evolucionó después y si hubo omisiones relevantes.

Documentos especialmente importantes

• Historia clínica completa, en virtud de los derechos de acceso y documentación previstos en la Ley 41/2002.
• Hojas de enfermería, registros de curas, incidencias y evolución diaria.
• Escalas de riesgo de úlceras por presión y reevaluaciones periódicas.
• Registros de cambios posturales y uso de medidas preventivas.
• Consentimientos e información clínica entregada, si resultan relevantes en el caso.
• Informes de alta, derivaciones, interconsultas y tratamiento de la lesión.
• Contratos o documentación de ingreso en residencia, si ayudan a delimitar obligaciones del centro.

Las fotografías pueden ser útiles, pero conviene manejarlas con cautela: interesa que tengan fecha aproximada, continuidad temporal y, si es posible, respaldo médico o de enfermería que permita situarlas en la evolución real de la lesión. Fotografiar sin contexto no suele bastar.

El informe pericial es frecuentemente decisivo. Un peritaje médico o de enfermería puede ayudar a valorar el grado de la lesión, la evitabilidad, la adecuación del protocolo de cuidados, la relación causal y las secuelas. En supuestos de fallecimiento o deterioro muy grave, también puede ser necesario reconstruir si las úlceras por presión contribuyeron al empeoramiento general.

Si el centro deniega, retrasa o entrega de forma incompleta la documentación, conviene dejar constancia de la solicitud. La calidad de la documentación asistencial puede tener relevancia al valorar la responsabilidad sanitaria, aunque siempre deberá examinarse junto con el resto de la prueba.

Qué pasos puede seguir la familia o el paciente para iniciar la reclamación

Desde un enfoque práctico, suele ser aconsejable actuar con orden y sin demoras innecesarias. Estos pasos pueden ayudar a preparar el caso:

1. Solicitar la historia clínica completa y revisar si incluye enfermería, escalas de riesgo, curas y evolución de la lesión.
2. Ordenar cronológicamente los hechos: ingreso, estado inicial, primeros signos, diagnóstico de la úlcera, tratamiento, derivaciones y alta.
3. Reunir documentación complementaria, como fotografías fechadas, comunicaciones con el centro, informes privados y facturas de gastos derivados.
4. Valorar un peritaje médico antes de formular una reclamación extensa, especialmente si se discute la evitabilidad o el nexo causal.
5. Analizar la naturaleza del centro para determinar qué régimen jurídico puede resultar aplicable y cómo enfocar la reclamación.
6. Buscar asesoramiento jurídico si el daño es relevante, hay secuelas, fallecimiento, o la documentación presenta vacíos importantes.

En muchos casos, una reclamación bien planteada necesita conectar tres elementos: la lesión, el incumplimiento asistencial y el perjuicio sufrido. Si se inicia una reclamación judicial, esa coherencia entre hechos, documentos y pericia suele ser especialmente importante.

La familia puede desempeñar un papel clave al identificar cambios en el estado del paciente, fechas de aviso, falta de información o incidencias repetidas. Aun así, conviene evitar acusaciones precipitadas sin revisar antes la documentación clínica completa.

Plazos, indemnización orientativa y cuestiones que habrá que valorar caso por caso

Los plazos no deben tratarse de forma automática, porque pueden variar según la naturaleza pública o privada del centro, el tipo de acción y el momento en que el daño queda estabilizado o es plenamente conocido. Por eso resulta prudente revisar cuanto antes la documentación y pedir asesoramiento si existe duda, especialmente cuando hay secuelas, reingresos o fallecimiento.

En cuanto a la indemnización orientativa, no existe una cifra fija para todas las úlceras por presión. Habrá que valorar la gravedad de la lesión, el grado alcanzado, el dolor y sufrimiento, el tiempo de curación, las secuelas, la necesidad de curas posteriores, el eventual empeoramiento general, la pérdida de calidad de vida y los gastos acreditados. En algunos supuestos también puede discutirse si hubo daño moral por falta de información o por una evolución especialmente lesiva, pero ello dependerá de la prueba.

En el ámbito privado, cuando proceda, el análisis de los daños y perjuicios puede apoyarse en las reglas generales del Código Civil. En la sanidad pública, el examen se desplaza a los requisitos propios de la responsabilidad patrimonial de la Administración conforme a la Ley 40/2015. Ninguna de estas vías garantiza por sí sola un resultado favorable: todo dependerá de la acreditación del nexo causal y de la valoración técnico-jurídica del caso.

Cuestiones que suelen ser decisivas

• Si el paciente ingresó ya con lesiones previas o con piel muy comprometida.
• Si el riesgo estaba correctamente identificado desde el inicio.
• Si hubo medios preventivos razonables y constancia de su uso.
• Si la úlcera se detectó tarde o se trató con retraso.
• Si la lesión agravó otras patologías o prolongó ingresos.
• Si la documentación del centro es sólida, insuficiente o contradictoria.

Conclusión y recomendaciones prácticas

Las úlceras por presión en hospital o residencia pueden dar lugar a una reclamación, pero no generan una indemnización automática. Para reclamar úlceras por presión con fundamento, suele ser indispensable examinar si existió una prevención adecuada, si el protocolo de cuidados fue correcto, si la evolución clínica estaba bien controlada y si todo ello quedó reflejado en la historia clínica.

Entre los errores más frecuentes están esperar demasiado para pedir documentación, quedarse solo con fotografías sin contexto, confundir una complicación clínica con una negligencia sin peritaje, o no distinguir entre sanidad pública, hospital privado y residencia. Cada una de estas diferencias puede influir de forma importante en el enfoque del caso.

Como siguiente paso razonable, conviene recopilar la documentación clínica completa, ordenar una cronología clara y solicitar una valoración profesional del caso. Un análisis temprano puede ayudar a saber si existen indicios de responsabilidad del centro y qué estrategia resulta más adecuada para el paciente o su familia.