Indemnización por complicaciones evitables en cirugía menor

La indemnización por complicaciones evitables en cirugía menor no nace por el mero hecho de que el resultado haya sido malo o aparezca una secuela tras una intervención ambulatoria. En España, no toda complicación en cirugía menor equivale a mala praxis: la clave suele estar en acreditar una actuación contraria a la lex artis, un defecto relevante de consentimiento informado, un problema de seguimiento o un nexo causal suficiente entre la actuación sanitaria y el daño.

Hablamos de procedimientos que, por su aparente sencillez, a veces se perciben como exentos de riesgo: extirpación de lesiones cutáneas, drenajes, infiltraciones, biopsias superficiales o pequeñas intervenciones en consultas y centros ambulatorios. Sin embargo, una infección mal controlada, una lesión nerviosa por técnica incorrecta, un alta prematura o la falta de información sobre riesgos relevantes pueden, según el caso, abrir la puerta a una reclamación por responsabilidad sanitaria.

Cuándo una complicación en cirugía menor puede dar lugar a indemnización

Una complicación en cirugía menor puede dar lugar a indemnización cuando existen daños y se acredita que eran consecuencia de una actuación sanitaria contraria a la lex artis, de una información insuficiente al paciente o de fallos de seguimiento u organización con relevancia causal.

Esto exige distinguir entre el riesgo inherente al procedimiento y la complicación evitable. Que una intervención tenga riesgos conocidos no excluye por sí solo la responsabilidad; pero tampoco la presume. Habrá que valorar, entre otras cuestiones, si la técnica fue correcta, si el control posterior fue adecuado y si el paciente fue informado de forma comprensible, conforme a la Ley 41/2002.

Son supuestos discutibles, por ejemplo, una infección tras una pequeña cirugía por falta de pautas de revisión o retraso en detectar signos de alarma, una lesión por error médico en intervención menor, o secuelas tras cirugía ambulatoria cuando no se advirtió de un riesgo relevante que hubiera podido influir en la decisión del paciente.

Qué hay que acreditar para hablar de mala praxis en cirugía menor

Para hablar de mala praxis cirugía menor no basta con invocar el resultado dañoso. Normalmente conviene acreditar cuatro elementos:

• Una actuación u omisión antijurídica, como incumplimiento de la lex artis, defecto técnico, seguimiento insuficiente o fallo organizativo.
• Un daño real y evaluable, temporal o permanente: dolor, nuevas curas, reintervención, secuelas funcionales o estéticas.
• Nexo causal entre esa actuación y el perjuicio, evitando atribuciones meramente hipotéticas.
• Prueba suficiente, especialmente documental y pericial.

En la práctica, la prueba de la mala praxis suele apoyarse en un informe pericial médico que compare la actuación realizada con la buena práctica exigible en ese contexto asistencial. Ese análisis es especialmente importante cuando la discusión gira en torno a si la complicación era inevitable o si pudo evitarse con otra conducta médica razonable en una demanda por mala praxis médica.

Consentimiento informado, historia clínica y prueba del caso

La Ley 41/2002 es una referencia básica. Su art. 4 regula el derecho del paciente a recibir información asistencial; los arts. 8 y 9 se refieren al consentimiento informado y sus límites; y el art. 15 define la historia clínica como conjunto de documentos con los datos y valoraciones sobre la situación y evolución del paciente.

En este tipo de reclamaciones, la documentación importa mucho. Conviene revisar si consta información comprensible sobre el procedimiento, riesgos típicos y alternativas; si el consentimiento se obtuvo correctamente; y si la historia clínica refleja exploración previa, técnica empleada, incidencias, instrucciones al alta y seguimiento. La ausencia o pobreza de documentación no determina por sí sola la responsabilidad, pero puede tener relevancia probatoria.

También suele ser útil recabar informes posteriores, fotografías de la evolución, partes de urgencias, bajas laborales y cualquier documento que ayude a reconstruir cronológicamente el daño. Si se inicia una reclamación, el peritaje médico será habitualmente la pieza central para analizar el caso con rigor.

Diferencias entre reclamar a una clínica privada y a un hospital público

Cuando el daño se produce en una reclamación clínica privada, el encaje jurídico suele analizarse desde la responsabilidad civil, que podrá ser contractual o extracontractual según la relación existente, la intervención de profesionales concretos y la documentación del caso. En ocasiones, además, puede plantearse una negociación aseguradora previa o paralela, aunque su viabilidad dependerá de la postura de la entidad y de la solidez de la prueba.

Si el caso afecta a un hospital público o servicio autonómico de salud, la reclamación suele encajar en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, con referencia general a la Ley 40/2015. Aquí también será necesario acreditar daño, funcionamiento del servicio contrario a la lex artis o generador de un perjuicio antijurídico y la correspondiente relación causal.

En ambos escenarios, conviene evitar planteamientos automáticos. El cauce concreto, la estrategia y la documentación exigible dependerán del centro, del profesional implicado, de la fase en que se detecte la complicación y de cómo esté construida la prueba.

Cómo se valora el daño y la cuantificación de secuelas

La cuantificación de secuelas exige analizar los daños indemnizables realmente acreditados. Puede haber perjuicios temporales, gastos, necesidad de nuevos tratamientos, cicatrices, limitaciones funcionales o afectación estética. No existe una cifra automática por el hecho de hablar de cirugía menor.

La valoración suele apoyarse en informes médicos y periciales que describan la duración del proceso curativo, la necesidad de reintervenciones y las secuelas definitivas. Según el caso, también puede valorarse el impacto laboral o cotidiano. Lo importante es que la reclamación esté bien documentada y que la relación entre la actuación sanitaria y el perjuicio no quede en el terreno de la mera posibilidad.

Qué conviene hacer antes de iniciar una reclamación

Antes de reclamar, suele ser prudente pedir copia completa de la historia clínica, conservar fotografías y justificantes, ordenar la cronología de lo ocurrido y obtener una valoración independiente. Muchas reclamaciones se debilitan porque el paciente espera demasiado, mezcla hechos con impresiones o no distingue entre una mala evolución posible y una verdadera complicación evitable.

En resumen, puede existir indemnización si el daño tras una cirugía menor no responde solo al riesgo propio del acto médico, sino a un incumplimiento acreditable de la lex artis, a una información insuficiente o a un seguimiento defectuoso con nexo causal. Los errores más frecuentes al reclamar son no solicitar la documentación, no contar con un informe pericial médico y dar por hecho que toda secuela implica responsabilidad. Un siguiente paso razonable es someter el caso a una revisión jurídica y médica preliminar para valorar si la prueba disponible permite sostener la reclamación con solidez.