Error en valoración preoperatoria: opciones legales

Un error en valoración preoperatoria puede tener relevancia legal cuando la fase previa a una cirugía no se ajusta a la lex artis y esa deficiencia guarda relación con un daño posterior. Ahora bien, no todo mal resultado quirúrgico implica negligencia médica: habrá que valorar si la evaluación prequirúrgica fue adecuada, si se informó correctamente al paciente y si la decisión clínica quedó bien documentada.

En España, este análisis suele apoyarse en el régimen de autonomía del paciente y de responsabilidad sanitaria. La Ley 41/2002 no regula literalmente la “valoración preoperatoria” con ese nombre, pero sí establece deberes esenciales sobre información asistencial, consentimiento informado y documentación clínica, que pueden resultar decisivos si se estudia una posible reclamación.

Qué puede considerarse un error en la valoración preoperatoria

De forma sencilla, un error en la valoración preoperatoria es una deficiencia relevante en la fase asistencial previa a la cirugía que puede afectar a la indicación, preparación, seguridad o información del paciente. Su relevancia legal no depende solo de que exista un fallo, sino de si ese fallo era evitable conforme a la práctica médica exigible y si tuvo relación con el daño.

Por ejemplo, conviene analizar si se omitieron antecedentes clínicos importantes, alergias, medicación anticoagulante, pruebas preoperatorias indicadas por el cuadro concreto o una valoración del riesgo anestésico y quirúrgico suficiente según las circunstancias. También puede ser relevante una información prequirúrgica incompleta si impidió al paciente decidir con conocimiento real de riesgos, alternativas o consecuencias previsibles.

No toda incidencia previa a una operación constituye mala praxis sanitaria. A veces existe una complicación inherente al acto médico aunque la actuación haya sido correcta. Por eso, antes de hablar de negligencia, habrá que revisar la documentación clínica completa y el criterio pericial.

Cuándo puede haber negligencia médica y no solo una complicación

Puede haber negligencia médica si la atención preoperatoria se apartó de la lex artis de manera relevante y ese apartamiento contribuyó al daño. En la práctica, suelen analizarse tres elementos: la actuación sanitaria concreta, la existencia de un perjuicio y el nexo causal entre ambos.

No es lo mismo un error técnico o de juicio clínico que una falta de información. Ambos planos pueden solaparse, pero son distintos. Un estudio preoperatorio insuficiente puede afectar a la seguridad del procedimiento; un consentimiento informado deficiente puede afectar al derecho del paciente a decidir libremente. En algunos casos concurren ambos problemas, y en otros solo uno.

Un error frecuente es confundir automáticamente una complicación postquirúrgica con una demanda por mala praxis viable. Otra equivocación habitual es reclamar sin haber comprobado antes qué consta realmente en historia clínica, hojas de anestesia, pruebas diagnósticas o formularios de consentimiento.

Qué importancia tienen el consentimiento informado y la historia clínica

La Ley 41/2002 es especialmente relevante en este punto. Su artículo 4 reconoce el derecho del paciente a recibir información asistencial comprensible, veraz y suficiente. En el contexto preoperatorio, esto puede incluir la finalidad de la intervención, riesgos relevantes, consecuencias previsibles y alternativas disponibles cuando proceda.

El artículo 8 regula el consentimiento informado. En una intervención quirúrgica, el consentimiento suele prestarse por escrito, pero su valor no depende solo del documento firmado: también importa cómo se informó realmente al paciente, con qué antelación y si pudo decidir de forma libre y consciente.

Además, el artículo 15 se refiere a la historia clínica, pieza central para reconstruir qué ocurrió antes de la operación. En ella pueden constar antecedentes, exploraciones, pruebas, interconsultas, evaluación anestésica, riesgos detectados y decisiones adoptadas. Si se inicia una reclamación, esta documentación suele ser básica para valorar si la fase preoperatoria fue adecuada.

Referencia oficial: Ley 41/2002 en el BOE.

Qué pruebas conviene reunir para valorar una reclamación

Antes de plantear una reclamación médica, conviene reunir la documentación esencial. Lo habitual es solicitar la historia clínica completa, incluidos consentimientos, analíticas, pruebas de imagen, informes preanestésicos, informes quirúrgicos y evolución posterior. También pueden ser útiles las recetas, partes de baja, fotografías, justificantes de gastos y cualquier informe de secuelas.

En muchos asuntos, el elemento más importante es el informe pericial de un médico experto. Ese dictamen puede ayudar a determinar si hubo una evaluación prequirúrgica insuficiente, qué práctica era exigible en ese caso concreto y si existe relación entre la actuación sanitaria y el daño alegado.

Si faltan documentos o existen dudas sobre lo ocurrido, no conviene precipitar conclusiones. La viabilidad de una demanda por negligencia o de otra vía de responsabilidad dependerá en gran medida de la prueba disponible.

Qué opciones legales pueden existir según el caso

Las opciones legales no son idénticas en todos los supuestos. Si la asistencia se prestó en la sanidad pública, puede ser necesario analizar una posible responsabilidad patrimonial sanitaria. Si intervinieron centros o profesionales privados, conviene estudiar si encaja una acción de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, según las circunstancias.

También puede haber reclamaciones previas ante el propio centro, aseguradora o administración competente, pero la estrategia adecuada dependerá del caso concreto, de los plazos aplicables y de la solidez de la prueba. Por eso suele ser recomendable revisar primero la documentación y el criterio pericial antes de decidir la vía.

Desde un enfoque prudente de derecho sanitario, no conviene asumir que un defecto formal en el consentimiento o una evolución negativa tras la operación bastan por sí solos para estimar responsabilidad. Habrá que analizar conjuntamente asistencia, información, daño y causalidad.

Qué indemnización podría reclamarse y de qué depende

La posible indemnización por negligencia dependerá de múltiples factores: la entidad de las secuelas, la duración de la incapacidad, los gastos acreditados, el daño moral, la pérdida de oportunidad que en su caso pueda valorarse y, de nuevo, la fuerza de la prueba. No existe una cantidad automática ni uniforme para todos los errores en valoración preoperatoria.

En algunos casos se discute principalmente el perjuicio físico; en otros, la falta de información suficiente adquiere especial relevancia si afectó a la autodeterminación del paciente. La cuantificación puede variar además según la vía de reclamación y la forma en que queden acreditados los daños.

En resumen, si sospechas de un error en valoración preoperatoria, el siguiente paso razonable suele ser revisar historia clínica, consentimiento informado e informe pericial antes de reclamar. Si existen secuelas, falta de información relevante o dudas sobre la adecuación del proceso preoperatorio, puede ser útil consultar con un abogado especializado y un perito médico para valorar con rigor si existe una reclamación viable en España.