Indemnización por error en diagnóstico cardiológico

Qué es un error en diagnóstico cardiológico

Un error en diagnóstico cardiológico se produce cuando, a partir de los síntomas y pruebas disponibles, el profesional de la cardiología no identifica de forma adecuada la patología del paciente o lo hace con un retraso injustificado. En el ámbito del corazón, un fallo de este tipo puede tener consecuencias especialmente graves, como infartos no tratados a tiempo, arritmias que pasan desapercibidas, trombos no detectados o insuficiencias cardiacas que evolucionan sin el control necesario.

No todo resultado desfavorable implica una negligencia. La medicina trabaja con probabilidades, factores de riesgo y cuadros clínicos que, en ocasiones, se presentan de manera atípica. Sin embargo, cuando un profesional no solicita las pruebas mínimas exigibles, interpreta de forma inadecuada un electrocardiograma o una analítica, o desoye signos de alarma claros en urgencias, puede estar vulnerando la llamada lex artis, que es el estándar de actuación que se espera de un médico medio en una situación concreta.

En el campo de la cardiología son frecuentes las reclamaciones por infartos agudos de miocardio confundidos con cuadros de ansiedad, problemas digestivos o dolor musculoesquelético. También se reclaman retrasos en la derivación a unidades de críticos, demoras en la realización de coronariografías o ecocardiogramas, e incluso altas precipitadas pese a síntomas persistentes. Cuando estos fallos provocan un daño evitable en la salud del paciente o su fallecimiento, se abre la puerta a reclamar una indemnización por responsabilidad médica.

Complicación inevitable o negligencia en cardiología

Diferenciar una complicación inevitable de una verdadera negligencia resulta decisivo para saber si existe derecho a indemnización. En cardiología, algunos eventos adversos pueden aparecer incluso con un seguimiento correcto, como determinadas arritmias, reacciones a fármacos o la evolución imprevisible de una enfermedad coronaria. En estos casos, si el profesional ha actuado con diligencia y ha informado de los riesgos, en principio no existiría responsabilidad.

Se habla de negligencia cuando el cuadro clínico presenta signos de alarma que un profesional medio habría identificado, o cuando se omiten pruebas diagnósticas básicas. Por ejemplo, un paciente con dolor torácico opresivo, irradiado al brazo o a la mandíbula, con sudor frío y dificultad respiratoria exige una valoración inmediata, con electrocardiograma y marcadores de daño miocárdico. Si estas pruebas no se realizan o se interpreta de manera errónea un trazado claramente patológico, la actuación puede considerarse contraria a la lex artis.

También puede apreciarse mala praxis cuando se atribuyen síntomas cardiológicos a ansiedad sin descartar antes causas orgánicas, o cuando un paciente es dado de alta pese a presentar pruebas alteradas que exigen vigilancia y tratamiento específico. La responsabilidad no se fundamenta en el resultado en sí, sino en la ausencia de un proceso diagnóstico razonable y completo, conforme a los protocolos y guías clínicas vigentes.

Requisitos legales para reclamar indemnización

Para que exista derecho a una indemnización por error en diagnóstico cardiológico deben concurrir varios elementos. En primer lugar, una actuación sanitaria contraria a la lex artis, ya sea por omisión de pruebas, por interpretación deficiente de los resultados o por falta de seguimiento adecuado. En segundo lugar, un daño real en la salud del paciente, que puede consistir en secuelas físicas, empeoramiento de la expectativa de vida o fallecimiento. Finalmente, debe haber relación de causalidad entre el fallo diagnóstico y el daño producido.

En el ámbito de la sanidad privada, la responsabilidad se apoya de forma general en el Código Civil, tanto en su vertiente contractual como extracontractual. El artículo 1101 establece que quienes incumplen sus obligaciones por culpa o negligencia deben indemnizar los daños y perjuicios causados, mientras que el artículo 1902 obliga a reparar el daño generado por acción u omisión culposa. Estos preceptos sirven de base para las reclamaciones frente a clínicas privadas, aseguradoras de responsabilidad médica y profesionales que ejercen de manera individual.

En la sanidad pública, la reclamación suele articularse por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración. La normativa de régimen jurídico del sector público reconoce la obligación de indemnizar los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios sanitarios, siempre que el paciente haya sufrido un perjuicio efectivo, evaluable y antijurídico, y exista nexo causal con el error diagnóstico. La valoración de la prueba, el informe pericial y la historia clínica resultan determinantes en este análisis.

Daños indemnizables por error en diagnóstico cardiológico

Los daños derivados de un error en diagnóstico cardiológico pueden ser muy variados. Desde una incapacidad temporal prolongada hasta secuelas permanentes graves, como insuficiencia cardiaca crónica, limitación para el esfuerzo, necesidad de medicación de por vida o implantación de dispositivos como marcapasos o desfibriladores. Cuando el error provoca un fallecimiento, la indemnización se extiende también a los familiares más cercanos.

En líneas generales, se distinguen los daños personales, que incluyen las lesiones físicas y psíquicas, el tiempo de curación, las intervenciones quirúrgicas adicionales y las secuelas, y los daños patrimoniales, como pérdidas de ingresos, gastos médicos futuros, adaptaciones en la vivienda o ayuda de terceros. A ello se suma el daño moral, que compensa el sufrimiento, la angustia y la pérdida de calidad de vida derivados de la negligencia.

En muchos casos los tribunales toman como referencia el baremo de accidentes de tráfico para orientar la cuantía de las indemnizaciones y garantizar un criterio uniforme, aunque adaptado a la realidad de cada caso. Cuando existe una pérdida de oportunidad, por ejemplo si el retraso en el diagnóstico reduce las posibilidades de supervivencia o obliga a tratamientos mucho más agresivos, la indemnización suele calcularse en proporción a ese porcentaje de probabilidad perdida, acreditado mediante peritos.

Pruebas y documentación médica necesaria

La base de cualquier reclamación por error en diagnóstico cardiológico es la documentación clínica. Lo primero es solicitar la historia médica completa a todos los centros donde el paciente haya sido atendido, incluidas las urgencias, los informes de cardiología, anestesia y cuidados intensivos, así como los registros de enfermería. Es fundamental que consten fechas, horas, tratamientos administrados, constantes vitales y resultados de las pruebas.

Resultan especialmente relevantes los electrocardiogramas, las analíticas de marcadores cardiacos, las pruebas de esfuerzo, las ecocardiografías y, en su caso, las coronariografías y otros estudios de imagen. La comparación de estos resultados con el estado clínico del paciente permite valorar si la interpretación fue correcta y si se tomaron las decisiones adecuadas en cada momento. La ausencia de pruebas que deberían haberse realizado también puede favorecer la estimación de la reclamación, ya que se interpreta como un incumplimiento del deber de diligencia.

Además de la historia clínica, conviene reunir informes de incapacidad laboral, recibos de gastos médicos y farmacéuticos, justificantes de desplazamientos, así como cualquier documento que acredite el impacto económico y personal del daño. Sobre esa base, un perito especialista en cardiología elaborará un informe que valore la actuación de los profesionales y cuantifique las secuelas. Este dictamen pericial suele ser la prueba central en el procedimiento, tanto en vía administrativa como judicial.

Reclamación en sanidad pública y privada

El itinerario para reclamar una indemnización por error en diagnóstico cardiológico varía según el origen de la asistencia. En la sanidad pública, la vía ordinaria es la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial frente al servicio de salud correspondiente. Esta reclamación debe ir acompañada de la historia clínica, el informe pericial y una cuantificación de los daños. La Administración tramita un expediente en el que se recaban informes internos y, finalmente, dicta una resolución estimatoria o desestimatoria.

Si la resolución administrativa no reconoce la responsabilidad o fija una indemnización insuficiente, puede interponerse un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. En este procedimiento se revisan las pruebas y se valora de nuevo si el funcionamiento del servicio sanitario se adecuó a la lex artis. La carga de la prueba se comparte, aunque los tribunales exigen a la Administración explicar su actuación cuando es ella quien custodia la documentación y los medios de prueba principales.

En la sanidad privada, la reclamación suele dirigirse contra la clínica, el seguro de responsabilidad civil y, en ocasiones, contra el propio médico. Se puede iniciar una reclamación extrajudicial previa para intentar un acuerdo amistoso. Si no se alcanza, el siguiente paso es presentar una demanda ante la jurisdicción civil, en la que se invocan los preceptos del Código Civil sobre responsabilidad contractual y extracontractual. En ambos escenarios, público y privado, contar con un informe pericial sólido y un asesoramiento jurídico especializado en negligencias sanitarias es determinante para el éxito del procedimiento.

Plazos para reclamar por error en diagnóstico cardiológico

El plazo para reclamar una indemnización por error en diagnóstico cardiológico es limitado y depende de la vía elegida. En la sanidad pública, la normativa de procedimiento administrativo establece un plazo general de un año para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial, que se cuenta desde que el paciente conoce el alcance del daño o desde que este se estabiliza. En muchos casos, la estabilización coincide con el alta médica o con el momento en que se determinan las secuelas cardiológicas definitivas.

En el ámbito de la sanidad privada, el plazo habitual para ejercitar acciones de responsabilidad civil por negligencia médica también suele ser de un año desde la curación o estabilización de las secuelas, aunque resulta imprescindible analizar cada caso a la luz de la normativa y la jurisprudencia aplicable. Existen supuestos con particularidades, por ejemplo cuando se combinan vías penal, civil y administrativa, o cuando han existido reclamaciones previas que pueden haber interrumpido o suspendido la prescripción.

Dado que el cómputo del plazo puede generar dudas, especialmente en patologías cardiológicas de evolución prolongada, es recomendable obtener asesoramiento jurídico cuanto antes. Una valoración temprana permite presentar escritos que interrumpan la prescripción, solicitar historias clínicas y coordinar el informe pericial dentro del plazo legal. De lo contrario, incluso en presencia de un error diagnóstico claro, la acción podría quedar prescrita y perderse toda opción de indemnización.

Cálculo de la indemnización y baremos orientativos

El cálculo de la indemnización por error en diagnóstico cardiológico no responde a una cifra automática. Los tribunales valoran muchos factores, como la edad del paciente, su situación laboral, el grado de incapacidad que provocan las secuelas, la intensidad del dolor y la pérdida de calidad de vida. También se tienen en cuenta los gastos médicos, la necesidad de futuras intervenciones, rehabilitación prolongada y asistencia de terceros, así como el impacto emocional tanto en el afectado como en sus familiares más directos.

En la práctica, el baremo de accidentes de circulación se utiliza con frecuencia como referencia objetiva para cuantificar las lesiones, el tiempo de curación y las secuelas. Este baremo proporciona tablas de puntos y horquillas económicas que facilitan la estimación del daño corporal. No obstante, la jurisprudencia ha ido admitiendo una aplicación flexible, adaptando las cuantías a la realidad de cada caso sanitario, sobre todo cuando las lesiones afectan a funciones esenciales como la capacidad cardiaca y la autonomía personal.

En supuestos de pérdida de oportunidad, por ejemplo cuando el retraso en el diagnóstico reduce de manera significativa las probabilidades de supervivencia o de evitar una intervención agresiva, la indemnización puede modularse en proporción al porcentaje de probabilidad perdida. Para justificar esta proporción, los informes periciales detallan las opciones terapéuticas que se habrían ofrecido con un diagnóstico precoz y comparan la evolución real con la previsión razonable en un escenario de actuación diligente.

Preguntas frecuentes sobre indemnización por error en diagnóstico cardiológico