Indemnización por anestesia mal administrada

Qué es “anestesia mal administrada”

La anestesia mal administrada es cualquier actuación durante la sedación, anestesia regional o general que se aparta de la lex artis —el estándar profesional exigible— y provoca un daño evitable al paciente. No se limita a la dosis equivocada: también abarca una monitorización insuficiente, elección inadecuada de técnica (p. ej., regional vs. general), omisiones en la valoración preoperatoria (alergias, comorbilidades, ayuno), fallos en la profilaxis de aspiración, administración de fármacos contraindicados o tardanza en detectar y tratar complicaciones como hipotensión sostenida, hipoxia, broncoaspiración o lesión neurológica.

Desde el punto de vista jurídico, no todo resultado adverso implica negligencia. La clave es si, con medios razonables y protocolos vigentes, el profesional o el equipo debieron prever y evitar el desenlace. Para analizarlo se estudia la historia clínica, hojas de anestesia, constantes registradas, fármacos usados, tiempos de reacción y decisiones tomadas. Si se evidencia un incumplimiento del deber de cuidado y relación causal con el daño (lesión corporal, secuelas, pérdida de oportunidad o incluso fallecimiento), puede nacer el derecho a una indemnización por anestesia mal administrada.

Tipos de errores de anestesia

Los incidentes anestésicos relevantes para reclamar se suelen agrupar en categorías. Conocerlas ayuda a ordenar la prueba y enfocar la responsabilidad.

• Errores de evaluación preoperatoria: no detectar alergias, apnea del sueño, cardiopatías, tiempo de ayuno insuficiente, medicación concomitante (anticoagulantes) o vía aérea difícil.
• Selección inadecuada de técnica o fármacos: escoger anestesia regional o general sin indicación, dosis inadecuadas según peso/edad/función renal/hepática, uso de agentes contraindicados.
• Fallos de monitorización: ausencia de pulsioximetría o capnografía eficaces, no registrar constantes en la hoja de anestesia, reacción tardía a desaturación, hipotensión o arritmias.
• Complicaciones mal manejadas: broncoaspiración, laringoespasmo, intubación traumática, lesión del nervio por mala posición, hipertermia maligna sin protocolo, parada cardiorrespiratoria con reanimación tardía o deficiente.
• Errores de medicación: confusión de jeringas, concentración/volumen equivocados, administración por vía errónea o a paciente equivocado.
• Deficiencias en el postoperatorio inmediato (URPA): control del dolor ineficaz, depresión respiratoria por opioides sin antídoto ni vigilancia, náuseas/vómitos graves no tratados, alta prematura.

Cada tipo requiere verificar protocolos locales, listas de verificación (checklist de quirófano), y si el hospital proveía medios adecuados (oxígeno, aspiración, monitores, medicación de rescate). La existencia de protocolos no exime: lo decisivo es si se cumplieron.

Responsabilidad sanitaria y marcos legales en España

En España coexisten distintas vías según el centro y la relación asistencial. En centros públicos, la vía típica es la responsabilidad patrimonial de la Administración, que exige acreditar funcionamiento anormal del servicio y nexo causal con el daño. En centros o profesionales privados, la reclamación es civil: contractual cuando hay relación directa con el paciente (clínica/aseguradora), o extracontractual si no la hay.

No hay obligación de resultado, pero sí de medios: actuación conforme a la lex artis y deber de información suficiente para que el paciente consienta. En supuestos muy graves podría valorarse la vía penal, aunque es menos frecuente y requiere infracción grave de normas de cuidado.

Pruebas clínicas y documentación necesaria

La reclamación por anestesia mal administrada se sustenta en documentos objetivos. Solicita copia íntegra de la historia clínica: hoja de anestesia, constantes minuto a minuto, medicación administrada (dosis, hora, vía), consentimientos, informes preanestésicos, parte quirúrgico, informes de URPA/UCI, analíticas y pruebas de imagen. Añade informes de seguimiento, bajas médicas y rehabilitación.

• Hoja de anestesia y monitorización: registro de saturación de O₂, tensión arterial, frecuencia cardiaca, capnografía, temperatura, balance de fluidos.
• Fármacos y dispositivos: agentes anestésicos, opioides, relajantes, antieméticos, reversores, intubación (técnica/tiempos), ventilación, vía venosa/ arterial, bloqueos regionales.
• Eventos críticos: desaturaciones, hipotensiones prolongadas, arritmias, intentos de intubación, aspiración, reanimación, tiempos de respuesta.

Con esta base, un perito anestesiólogo valora si hubo infracción de la lex artis y cuantifica el daño. También son útiles testigos (enfermería, celadores), hojas de checklists y protocolos internos del centro.

Consentimiento informado y deber de informar

El consentimiento informado no es un mero formulario. Debe reflejar que el paciente recibió información comprensible sobre la técnica anestésica propuesta, riesgos relevantes (generales y específicos por su perfil), alternativas razonables y consecuencias de no tratar. En procedimientos anestésicos, la información sobre riesgos de aspiración, reacciones alérgicas, lesión dental por intubación, daño neurológico por bloqueos o complicaciones cardiovasculares es esencial.

La ausencia de consentimiento o la información insuficiente puede generar pérdida de oportunidad o daño moral indemnizable, incluso si la técnica se ejecutó correctamente, siempre que el paciente demuestre que, de haber sido informado, podría haber optado de otro modo.

Daños indemnizables y valoración del perjuicio

En estos casos pueden indemnizarse daños personales (lesiones, secuelas neurológicas, dolor crónico, trastornos cognitivos por hipoxia, lesiones de nervio por mala posición o bloqueos, lesión dental), daño moral (sufrimiento, pérdida de calidad de vida, ansiedad postoperatoria), lucro cesante (ingresos dejados de percibir) y gastos (fármacos, rehabilitación, dependencia, adecuación de vivienda). En caso de fallecimiento, los perjuicios repercuten en familiares conforme a criterios objetivos.

Para cuantificar se utilizan herramientas periciales, escalas de dolor y limitación funcional, pruebas neuropsicológicas y una valoración médico-legal que traslada lo clínico a puntos/quantums económicos coherentes. Es crucial separar secuelas de patologías previas y estimar el porcentaje atribuible a la anestesia mal administrada.

Cómo calcular la indemnización: métodos y baremo

Aunque la sanidad no se rige estrictamente por el Baremo de Tráfico, en la práctica se usa como referencia orientativa para objetivar secuelas, días de perjuicio personal y gastos, adaptándolo a la particularidad sanitaria. El perito asigna puntos a secuelas (p. ej., trastornos cognitivos, neuropatías, disfonía postintubación persistente) y valora días de hospitalización, UCI y recuperación. El cálculo integra además ingresos perdidos, necesidad de ayuda de tercera persona y prótesis o tratamientos futuros.

En pérdidas de oportunidad (p. ej., reacción anafiláctica imprevisible pero mal gestionada que agrava el daño), la compensación puede modularse en función del porcentaje de probabilidad perdida.

Plazos y vías de reclamación

Los plazos son determinantes. En sanidad pública, la reclamación por responsabilidad patrimonial suele ser de 1 año desde la curación o la estabilización de secuelas. En ámbito privado, la acción contractual suele prescribir a los 5 años y la extracontractual al 1 año, generalmente desde que el afectado puede conocer el alcance del daño. Estos plazos pueden interrumpirse con reclamaciones fehacientes. La vía penal, menos frecuente, exige valorar tipicidad y plazos específicos.

Antes de demandar, es habitual una reclamación extrajudicial a la aseguradora del centro/profesional, adjuntando informe pericial. En pública, se presenta escrito administrativo y, si se desestima o hay silencio, cabe contencioso-administrativo. En privada, demanda civil ante el juzgado competente. Siempre es recomendable asistencia letrada especializada.

Pasos prácticos tras el incidente

• Solicita la historia clínica completa por escrito. Si hay negativa o retraso, deja constancia.
• Anota cronología de síntomas, pruebas y visitas. Guarda recetas, bajas y facturas.
• Evalúa con un perito anestesiólogo que determine la infracción de la lex artis y el nexo causal.
• Cuantifica daños (secuelas, días de curación, perjuicio económico) con criterios objetivos.
• Reclama por vía adecuada (administrativa o civil) dentro de plazo, intentando acuerdo previo.

La estrategia combina rigor técnico y buena narrativa probatoria: qué debió hacerse, qué se hizo, por qué se apartó del estándar y cómo ello causó el daño reclamado.

Errores comunes y cómo evitarlos

Muchos casos se pierden por fallos formales o probatorios, no por falta de razón. Evita presentar reclamaciones sin pericia específica en anestesia, omitir la historia clínica completa, confundir complicación inevitable con negligencia, cuantificar mal el daño o agotar plazos. No subestimes el consentimiento informado: aunque no haya daño físico grave, su deficiencia puede generar indemnización.

• Interrumpe la prescripción por escrito fehaciente.
• Pide pericia especializada (anestesia) y, si procede, pericia complementaria (neurología, odontología, rehabilitación).
• Usa checklist de documentos y cronología probada.

Cuánto se puede cobrar: orientación

Las cuantías dependen del tipo y la intensidad del daño, edad del paciente, impacto laboral y necesidad de apoyos. Por ejemplo, lesiones dentales aisladas por intubación con tratamiento protésico suelen tener cuantías moderadas; una hipoxia con secuelas neurocognitivas graves puede dar lugar a indemnizaciones elevadas que combinan secuelas, ayudas de tercera persona y gastos futuros. En pérdida de oportunidad, la cifra se modula al porcentaje de probabilidad perdida. Cada caso requiere modelización económica y pericial individualizada.

Preguntas frecuentes