Reclamaciones legales por fallos en cirugías de tiroides

Marco legal y visión general

Las reclamaciones legales por fallos en cirugías de tiroides se encuadran dentro de la responsabilidad sanitaria por mala praxis o mal funcionamiento del servicio. La cirugía tiroidea es una intervención delicada que, si bien suele ofrecer resultados excelentes, puede ocasionar complicaciones graves cuando no se respetan los estándares de diligencia exigibles. Entre las secuelas potenciales se encuentran la lesión del nervio laríngeo recurrente con disfonía, el hipoparatiroidismo por daño a las glándulas paratiroides, infecciones, hemorragias o reintervenciones innecesarias. La clave para el éxito de la reclamación es demostrar que el daño no responde a un riesgo inherente aceptado, sino a un error evitable por acción u omisión.

En términos jurídicos, el paciente debe acreditar tres pilares: incumplimiento del deber de diligencia, daño cierto y nexo causal entre ambos. Esto no implica exigir un resultado, sino una correcta praxis médica acorde a la lex artis. Además, el deber de información cobra un papel decisivo: si el consentimiento informado fue incompleto o defectuoso y no se advirtió un riesgo relevante que finalmente se materializó, puede nacer responsabilidad por falta de consentimiento válido. En el ámbito público, hablamos de responsabilidad patrimonial de la Administración; en el privado, de responsabilidad civil contractual o extracontractual de los profesionales y centros.

Por último, conviene recordar que la cirugía de tiroides implica riesgos inherentes que, aun materializándose, no generan automáticamente derecho a indemnización. La diferencia entre complicación y negligencia reside en la previsibilidad y evitabilidad del evento, así como en la corrección de la actuación pre, intra y postoperatoria. Una estrategia jurídica eficaz separa con precisión ambos escenarios y orienta la reclamación hacia conductas concretas (errores de indicación, técnica quirúrgica, hemostasia, monitorización nerviosa, manejo del calcio, etc.).

Qué se considera fallo en cirugía de tiroides

Un fallo en cirugía de tiroides no es cualquier complicación, sino aquella consecuencia lesiva que deriva de una actuación alejada de la lex artis o de una omisión relevante. Algunos supuestos típicos incluyen: selección inadecuada del paciente o de la técnica (hemitiroidectomía vs. tiroidectomía total) sin justificación clínica; falta de monitorización o identificación del nervio laríngeo recurrente que conduce a parálisis cordal; hemostasia deficiente que provoca hematomas compresivos; y lesión o extirpación inadvertida de las glándulas paratiroides con hipocalcemia persistente. También puede considerarse fallo la ausencia de profilaxis antibiótica cuando es indicada, la demora injustificada en tratar una complicación o el alta prematura sin controles adecuados.

Otra vertiente es el consentimiento informado: si el paciente no fue advertido de riesgos relevantes —como la disfonía permanente o el hipoparatiroidismo— y estos se materializan, puede existir responsabilidad incluso aunque la técnica fuera impecable, al vulnerarse su derecho a decidir libremente. Del mismo modo, diagnosticar tarde un cáncer diferenciado de tiroides o indicar cirugía sin confirmación citológica en casos dudosos pueden configurar errores de indicación. La valoración pericial es determinante, porque permite objetivar cuál habría sido la actuación diligente en ese contexto clínico concreto.

En definitiva, la reclamación prospera cuando el peritaje demuestra que, con una actuación diligente, el resultado probablemente habría sido distinto o el daño, menor. La precisión clínica en la descripción del fallo y su correlación con la secuela es el núcleo de la demanda.

Pruebas y documentación imprescindible

El éxito de una reclamación legal por fallos en cirugías de tiroides depende en gran medida de la calidad de la prueba. Lo primero es solicitar la historia clínica completa: informes de consultas, pruebas de imagen y analíticas previas, consentimiento informado firmado, parte anestésico, hoja de cirugía con descripción detallada del acto quirúrgico, monitorización intraoperatoria (si la hubo), evolución postoperatoria, analíticas de calcio/PTH y registros de reingresos o reintervenciones. Si hubo derivación a urgencias por hematoma, disnea o disfonía aguda, esos partes deben incorporarse. Los correos o mensajes con el centro pueden servir para acreditar avisos de síntomas y respuestas recibidas.

El segundo pilar es el peritaje médico-quirúrgico, idealmente por especialistas en otorrinolaringología o cirugía endocrina con experiencia pericial. Un buen informe pericial explica con lenguaje claro qué estándares debían aplicarse, qué se observa en la historia, qué omisiones o errores detecta y cómo estos se relacionan con la secuela. Incluir exploraciones complementarias (laringoscopia para evaluar movilidad cordal, densitometría si hay hipocalcemia crónica, etc.) aporta objetividad al daño. Si existe incapacidad laboral temporal prolongada o una discapacidad funcional, informes de rehabilitación y evaluación de la voz o del metabolismo del calcio serán clave.

Por último, conviene recopilar evidencias económicas: facturas de tratamientos, fármacos (calcio/vitamina D), dispositivos de voz, desplazamientos, así como justificantes de nóminas o facturación para reclamar lucro cesante. Un expediente documental robusto reduce incertidumbre judicial y puede facilitar acuerdos extrajudiciales ventajosos.

Plazos de prescripción y caducidad

El tiempo es un factor crítico en las reclamaciones sanitarias. En la sanidad pública, la responsabilidad patrimonial de la Administración suele exigir la presentación de la reclamación en el plazo de un año desde que el daño se manifiesta o se estabiliza (consolidación de secuelas). En el ámbito privado, los plazos pueden variar según la vía (contractual o extracontractual) y la normativa aplicable, pero, de manera orientativa, las acciones contractuales suelen disponer de un plazo más amplio que las extracontractuales. Es esencial calcular el dies a quo con rigor: si existe un proceso de recuperación y la secuela tarda meses en estabilizarse, el cómputo puede desplazarse a ese momento de consolidación.

Para no perder derechos, muchos despachos recomiendan interrumpir la prescripción con burofax o reclamación previa temprana, dejando constancia fehaciente. Además, en procedimientos administrativos, la solicitud de la historia clínica no interrumpe por sí sola el plazo, por lo que conviene tramitar en paralelo la reclamación inicial o, al menos, presentar un escrito de inicio de actuaciones con reserva de completar documentación. En todo caso, la estrategia temporal debe anticipar posibles peritajes que necesitan semanas y asegurar la obtención de pruebas antes de su eventual desaparición.

Finalmente, cuando existen procedimientos penales (por ejemplo, por imprudencia grave), los plazos civiles pueden verse afectados. La coordinación procesal evita duplicidades y permite aprovechar actuaciones probatorias útiles para la reclamación principal.

Reclamación en sanidad pública vs privada

La vía de reclamación cambia según el prestador del servicio. En la sanidad pública, la herramienta es la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se inicia con una reclamación administrativa ante el organismo competente. Se evalúa si el servicio ha funcionado anormalmente y si ese mal funcionamiento ha causado un daño efectivo, evaluable e individualizado. El procedimiento administrativo culmina con resolución; en caso de desestimación (expresa o por silencio), se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En sanidad privada, la reclamación se dirige frente al profesional, al centro, o a ambos, en la vía civil. Aquí son determinantes los contratos de prestación de servicios, las pólizas de seguro de responsabilidad civil y los protocolos internos del centro. La carga de la prueba también opera, pero con matices: la existencia de un consentimiento informado defectuoso o la pérdida de documentación clínica puede invertir o atenuar la carga probatoria a favor del paciente. Además, es habitual abrir una negociación extrajudicial con la aseguradora, donde un peritaje potente y un cálculo de daños bien argumentado abren la puerta a acuerdos satisfactorios sin necesidad de juicio.

Elegir la vía correcta, identificar a los responsables y coordinar la estrategia probatoria desde el principio marca la diferencia entre un expediente débil y una reclamación robusta por fallos en cirugía de tiroides.

Cálculo de indemnización y daños reclamables

La indemnización debe cubrir la totalidad del perjuicio sufrido: daños personales (secuela funcional, dolor, trastornos de la voz, hipocalcemia crónica), daños morales, perjuicio económico (lucro cesante y daño emergente) y costes futuros previsibles (medicación, revisiones, rehabilitación, ayudas técnicas). Para objetivar, se emplean baremos y criterios jurisprudenciales, complementados con informes periciales y documentación económica. En disfonía permanente por lesión del nervio laríngeo, se valoran la limitación comunicativa y su impacto laboral (por ejemplo, en profesionales de la docencia o atención al público). En hipoparatiroidismo crónico, se contemplan controles periódicos, medicación de por vida y complicaciones asociadas.

El lucro cesante requiere demostrar ingresos dejados de percibir, por lo que son útiles nóminas, declaraciones fiscales y contratos. El daño emergente recoge gastos ya realizados: fármacos, consultas de expertos, desplazamientos y cuidadores. La concurrencia de culpas (por ejemplo, incumplimiento de pautas posquirúrgicas) puede modular la cuantía, pero debe acreditarse de forma clara por la parte contraria. En acuerdos extrajudiciales, es recomendable presentar una hoja de cálculo con escenarios (mínimo, medio, máximo) y sensibilidad a diferentes diagnósticos, facilitando la negociación con la aseguradora o la Administración.

Una valoración completa no solo acelera acuerdos, también fortalece la posición en juicio, al proporcionar al tribunal una base clara y técnica para fijar la indemnización.

Procedimiento paso a paso

Para canalizar de forma eficaz las reclamaciones legales por fallos en cirugías de tiroides, conviene seguir un itinerario ordenado. Primero, recopile toda la documentación clínica y solicite, por escrito, cualquier falta detectada (imágenes, hojas intraoperatorias, informes de alta). Segundo, encargue un peritaje preliminar que evalúe viabilidad: esta inversión orienta la estrategia y evita litigios débiles. Tercero, calcule provisionalmente los daños con evidencias económicas y médicas. Cuarto, remita una reclamación previa o burofax motivado que detalle hechos, daños y petición indemnizatoria, ofreciendo apertura a una solución negociada.

Si la parte contraria no ofrece respuesta satisfactoria, en sanidad pública se presenta la reclamación administrativa con toda la prueba; en privada, se demanda ante el juzgado competente. Durante el proceso, priorice la prueba pericial bien fundamentada y solicite diligencias de aseguramiento si teme pérdida de evidencias. Mantenga una comunicación clara con el cliente sobre plazos, costes y expectativas realistas. En muchos casos, la disponibilidad de un informe pericial contundente y un relato fáctico coherente impulsa acuerdos antes de juicio.

Este roadmap, aplicado con rigor, maximiza la probabilidad de éxito y reduce tiempos e incertidumbre.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Entre los errores más comunes destaca iniciar la reclamación sin historia clínica completa, lo que debilita la narrativa y la pericial. Otro fallo habitual es confiar en informes de parte poco específicos o sin correlación causal clara: un peritaje sólido vale más que varios tibios. También se observa la presentación tardía por una mala gestión de plazos, así como el cálculo deficiente de la indemnización que omite daños futuros o impacto laboral real. En ocasiones, se formula la reclamación centrándose en la insatisfacción del resultado más que en conductas concretas desviadas de la lex artis, lo que resta fuerza jurídica.

Para evitar estas trampas, establezca desde el inicio un checklist y una línea temporal con hitos, delegue el peritaje en especialistas, y cree una matriz causal que conecte cada secuela con un hecho clínico documentado. No subestime el valor del consentimiento informado: su ausencia o generalidad puede ser un eje central de la reclamación. Por último, adopte una mentalidad de negociación estratégica: un expediente impecable es la mejor carta para cerrar acuerdos favorables sin renunciar a la posibilidad de litigar con garantías.

La prevención de estos errores incrementa la credibilidad del caso y la probabilidad de obtener una indemnización justa.

Modelo de estrategia probatoria

Una estrategia probatoria eficaz para reclamaciones por fallos en cirugía de tiroides se construye desde el caso clínico. Paso uno: cronología detallada desde la indicación quirúrgica hasta el estado actual, con fechas, síntomas y actuaciones. Paso dos: mapa de evidencias que asigne a cada hito los documentos disponibles (consentimiento, parte quirúrgico, analíticas de calcio, informes de voz, urgencias). Paso tres: hipótesis de desviación de la lex artis, respaldadas por guías y literatura de referencia que el perito citará y explicará. Paso cuatro: cuantificación económica con escenarios y anexos justificativos. Paso cinco: narrativa jurídica clara que conecte incumplimiento, daño y nexo causal.

Operativamente, utilice una carpeta electrónica estructurada por fases (preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio precoz y tardío). Emplee una tabla de trazabilidad para marcar qué documento soporta cada afirmación de la demanda. Reserve un apartado para testimonios clave (por ejemplo, logopedas, endocrinos o testigos del deterioro funcional). Finalmente, coordine tiempos: el peritaje suele requerir la revisión completa del expediente y, en su caso, exploración del paciente; planifique esa agenda con antelación para que el informe llegue antes del cierre del plazo.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre complicación y negligencia? Una complicación es un riesgo inherente a la cirugía que puede surgir pese a una actuación correcta; la negligencia implica apartarse de la lex artis, por acción u omisión. La clave es si el evento era evitable con la diligencia exigible y cómo se gestionó.

¿Puedo reclamar si firmé el consentimiento informado? Sí, si el consentimiento era genérico, incompleto o no se explicó de forma comprensible, o si el daño deriva de un error técnico evitable. Firmar no exonera una mala praxis ni suple una información defectuosa.

¿Qué indemnización puedo obtener? Depende de la secuela (voz, hipocalcemia, cicatriz, reintervenciones), del impacto laboral y de los gastos presentes y futuros. Un peritaje sólido y documentación económica aumentan la cuantía y la probabilidad de acuerdo.

¿Cuánto tiempo tarda el proceso? Varía según la vía (administrativa o civil) y la complejidad probatoria. Una negociación extrajudicial con expediente sólido puede abreviar tiempos frente a un litigio completo.

¿Qué hago si el hospital niega parte de la historia clínica? Presente solicitud formal por escrito, insista en el derecho de acceso y, si persiste la negativa o retraso, deje constancia fehaciente y pida al juzgado diligencias de exhibición en fase probatoria.