Reclamación por cirugía mal realizada: ¿Cómo proceder?

Una reclamación por cirugía mal realizada en España no se basa solo en que el resultado de una operación haya sido insatisfactorio. Desde el punto de vista jurídico, normalmente habrá que analizar si puede existir negligencia médica, mala praxis médica o alguna forma de responsabilidad sanitaria. Para que una reclamación tenga fundamento, suele ser necesario valorar tres elementos: si la actuación fue contraria a la lex artis, qué daños se produjeron y qué pruebas permiten relacionarlos con la intervención.

Esto es importante porque una complicación médica, por sí sola, no equivale automáticamente a un error médico indemnizable. En muchas cirugías existen riesgos inherentes aunque la actuación haya sido correcta. Por eso, antes de reclamar, conviene revisar la documentación clínica, el consentimiento informado, la evolución posterior y, en muchos casos, solicitar un peritaje médico que ayude a determinar si realmente hubo una actuación incorrecta y si esa actuación causó el daño.

Qué se entiende por una cirugía mal realizada a efectos de reclamación

En lenguaje común, muchas personas hablan de cirugía mal realizada cuando el resultado no era el esperado, aparecen secuelas relevantes o surgen complicaciones tras una operación. Sin embargo, a efectos jurídicos, esa expresión debe matizarse. Lo relevante no es solo que exista un daño, sino si la actuación médica o asistencial pudo apartarse de los estándares exigibles en ese caso concreto.

En este ámbito suele utilizarse el criterio de la lex artis, es decir, el conjunto de reglas técnicas, conocimientos y pautas de actuación que razonablemente cabría esperar de un profesional o equipo sanitario en atención a las circunstancias del momento. No se trata de exigir un resultado perfecto, sino una actuación diligente, adecuada y correctamente informada.

Por tanto, al hablar de reclamación por cirugía mal realizada, normalmente habrá que comprobar si concurre alguna de estas situaciones:

• Error técnico evitable durante la intervención o en el seguimiento postoperatorio.
• Falta de control, diagnóstico o tratamiento adecuado de una complicación que sí era detectable o abordable.
• Información insuficiente sobre riesgos relevantes, alternativas o consecuencias previsibles, con posible incidencia en el consentimiento.
• Deficiencias organizativas o asistenciales imputables al centro o, en ciertos casos, a terceros responsables.

Como marco general, en el ámbito civil pueden entrar en juego los arts. 1101, 1902 y 1903 del Código Civil, según la relación jurídica y la conducta que se examine. El art. 1101 CC se refiere al incumplimiento de obligaciones; el art. 1902 CC, a la obligación de reparar el daño causado por acción u omisión culposa o negligente; y el art. 1903 CC contempla supuestos de responsabilidad por hechos de personas de quienes se debe responder. Su aplicación concreta dependerá del caso, del tipo de asistencia y de la prueba disponible.

Cuándo puede existir negligencia médica y cuándo no basta un mal resultado

No toda secuela tras una operación implica mala praxis médica. En cirugía pueden existir riesgos típicos, respuestas biológicas imprevisibles, infecciones no siempre evitables o complicaciones conocidas aunque se hayan adoptado medidas correctas. La clave está en diferenciar tres planos que a menudo se confunden.

1. Resultado insatisfactorio

Puede ocurrir que el paciente no obtenga la mejoría esperada o quede disconforme con el resultado funcional o estético. Eso, por sí mismo, no demuestra un error médico. Habrá que revisar qué se prometió, qué era razonablemente esperable y cómo evolucionó el proceso asistencial.

2. Complicación inherente al acto médico

Algunas complicaciones pueden surgir aun actuando correctamente: sangrados, adherencias, infecciones, rechazos, reintervenciones o secuelas previsibles dentro del riesgo clínico. Si el riesgo era inherente, se informó adecuadamente y la actuación fue conforme a la lex artis, no siempre existirá base suficiente para reclamar.

3. Posible negligencia o mala praxis

Sí puede haber base para una reclamación cuando existan indicios de actuación incorrecta, por ejemplo si se operó de forma técnicamente inadecuada, si no se vigiló una complicación detectable, si hubo demoras relevantes en el diagnóstico postoperatorio o si se omitió información esencial para prestar un consentimiento válido. En estos supuestos, la discusión jurídica suele centrarse en si hubo infracción de la lex artis, daño efectivo y nexo causal.

La Ley 41/2002 puede ser especialmente relevante cuando el problema no solo afecta al acto quirúrgico en sí, sino también a la información facilitada al paciente, al consentimiento informado o al acceso a la historia clínica. Esa norma regula, entre otras cuestiones, el derecho del paciente a recibir información asistencial y a acceder a la documentación clínica en los términos legalmente previstos.

Qué documentación y pruebas conviene reunir desde el primer momento

Si se sospecha una posible reclamación por cirugía mal realizada, reunir pruebas desde el inicio puede ser determinante. No conviene limitarse a guardar el informe de alta: muchas reclamaciones dependen de poder reconstruir qué se hizo, qué se informó y cómo evolucionó el paciente antes y después de la intervención.

Entre la documentación que suele ser útil revisar o solicitar se encuentra la siguiente:

• Historia clínica completa, incluyendo curso clínico, hojas de evolución, pruebas, interconsultas y registros de enfermería.
• Consentimiento informado firmado, para comprobar si se explicaron riesgos, alternativas y consecuencias relevantes.
• Informes de consulta, preoperatorio, intervención y alta.
• Pruebas diagnósticas e imágenes médicas antes y después de la cirugía.
• Fotografías, especialmente si existe perjuicio estético visible y pueden datarse de forma fiable.
• Facturas, recibos y gastos derivados de tratamientos correctores, desplazamientos, rehabilitación o asistencia adicional.
• Partes de baja, informes laborales y justificantes de pérdida de ingresos, si hubo incapacidad temporal o afectación profesional.
• Informes psicológicos o psiquiátricos, si existe daño psicológico relacionado con las secuelas.

La solicitud de la historia clínica tiene respaldo en la Ley 41/2002, que reconoce el derecho de acceso del paciente a la documentación clínica en los términos legalmente establecidos. En la práctica, disponer de esa documentación cuanto antes permite valorar mejor si la evolución fue compatible con una complicación asumible o si hay indicios de actuación irregular.

En muchas ocasiones, la prueba más decisiva será precisamente el peritaje médico. Ese informe puede ayudar a interpretar la documentación, identificar si hubo desviación de la lex artis y valorar el nexo causal entre la actuación sanitaria y el daño alegado.

Qué vías de reclamación pueden valorarse según el caso

No existe una única vía válida para todos los supuestos. La estrategia dependerá, entre otros factores, de si la asistencia fue prestada en sanidad privada o pública, de la relación con el profesional o el centro, del tipo de daño y de la solidez de la prueba disponible.

Reclamación extrajudicial

Suele ser recomendable realizar una revisión previa del caso y, si hay base, plantear una reclamación extrajudicial. Esta vía puede servir para exponer los hechos, identificar daños, aportar documentación y abrir una posible negociación con el profesional, el centro o la aseguradora. Además, en determinados supuestos puede ser útil para dejar constancia formal de la reclamación.

Reclamación frente al centro o su aseguradora

Cuando la intervención se realizó en un centro privado, puede ser necesario analizar si la reclamación debe dirigirse al profesional, al propio centro, a ambos o a la aseguradora correspondiente. Aquí pueden resultar relevantes, según el caso, las reglas generales de responsabilidad contractual o extracontractual del Código Civil, incluidas las referencias a los arts. 1101, 1902 y 1903 CC.

Si la asistencia tuvo lugar en el ámbito público, conviene un análisis específico, porque el régimen aplicable puede variar y entrar en el terreno de la responsabilidad patrimonial sanitaria, con requisitos y plazos para reclamar que no siempre coinciden con los de la sanidad privada. En estos casos es especialmente importante revisar con detalle la documentación y el momento en que el daño quedó determinado o estabilizado.

Eventual reclamación judicial

Si no se alcanza una solución satisfactoria o si la entidad del daño lo aconseja, puede valorarse una reclamación judicial. El tipo de acción, el encaje jurídico y el modo de plantearla dependerán de las circunstancias concretas. Por eso no es prudente dar por supuesto un trámite único o una vía automática para todos los casos de posible negligencia médica.

Plazos, daños reclamables e indemnización: qué habrá que analizar

Uno de los puntos más delicados en una reclamación por cirugía mal realizada son los plazos. No conviene asumir un plazo único para todos los supuestos. Su cómputo puede depender de factores como la naturaleza pública o privada de la asistencia, el tipo de acción que se valore, el momento en que se conoció realmente el alcance del daño y si las secuelas quedaron estabilizadas más tarde.

Por eso, si existen dudas, es preferible revisar cuanto antes la documentación. Esperar demasiado puede complicar tanto la obtención de pruebas como la defensa de la reclamación.

Qué daños pueden valorarse

Si se acredita una actuación negligente y su relación con el perjuicio sufrido, la indemnización por cirugía puede incluir diferentes conceptos, siempre en función del caso y de la prueba disponible:

• Daños físicos y secuelas permanentes.
• Perjuicio estético cuando exista alteración visible relevante.
• Perjuicio moral o psicológico, si puede acreditarse mediante informes adecuados.
• Gastos médicos, farmacéuticos, rehabilitación o ayuda de terceros.
• Lucro cesante, si hubo pérdida real de ingresos o afectación profesional demostrable.

La cuantificación no suele ser automática. Requiere estudiar la entidad de las secuelas, la duración de la incapacidad, el impacto funcional, el alcance del daño psicológico y la relación directa con la cirugía o con el seguimiento asistencial posterior. En la práctica, el informe pericial y la documentación económica son esenciales para construir una reclamación sólida.

Errores frecuentes al reclamar y cuándo conviene buscar asesoramiento jurídico

Un error habitual es iniciar una reclamación basándose solo en la intuición de que “algo salió mal” sin haber reunido antes la documentación clínica. También es frecuente confundir una complicación conocida con una mala praxis médica o dejar pasar tiempo sin revisar los posibles plazos para reclamar.

Otros errores que conviene evitar son:

• No solicitar la historia clínica completa y conformarse con un simple informe de alta.
• No conservar pruebas médicas, facturas, fotografías o justificantes de gastos.
• Pensar que la falta de resultado esperado equivale automáticamente a negligencia médica.
• Reclamar sin una valoración previa del peritaje médico cuando la cuestión técnica es compleja.
• No distinguir entre asistencia privada y pública, cuando esa diferencia puede afectar a la vía de reclamación.

Buscar asesoramiento jurídico suele ser especialmente recomendable cuando hay secuelas importantes, reintervenciones, perjuicio estético, dudas sobre el consentimiento informado, posible responsabilidad del centro o controversia sobre el origen del daño. Un análisis profesional permite ordenar la documentación, identificar la base legal más adecuada y decidir si conviene intentar primero una solución extrajudicial o valorar otras acciones.

En definitiva, una reclamación por cirugía mal realizada exige cautela y análisis. No toda cirugía con mal resultado genera derecho a indemnización, pero tampoco conviene descartar una reclamación sin revisar la documentación médica y la posible existencia de un informe pericial favorable. Si sospechas que una operación pudo causarte daños por una actuación incorrecta, el siguiente paso razonable suele ser revisar el caso con asesoramiento especializado antes de reclamar.