Negligencia médica en urgencias hospitalarias

Qué es negligencia médica en urgencias

Hablamos de negligencia médica en urgencias cuando la actuación del personal sanitario (médicos, enfermería, técnicos) se aparta de la lex artis ad hoc, es decir, del estándar de diligencia exigible en esa situación concreta, y ese defecto provoca un daño evitable al paciente. En urgencias, donde la presión asistencial es alta y el tiempo crítico, la obligación no es “curar siempre”, sino valorar de forma razonable, priorizar, monitorizar, descartar riesgos graves y documentar. Si se omiten exploraciones básicas, se ignoran signos de alarma, se retrasa injustificadamente una prueba imprescindible o el alta es prematura sin controles mínimos, puede existir mala praxis.

Los supuestos típicos incluyen diagnóstico tardío de patologías tiempo-dependientes (infarto, ictus, sepsis), altas precipitadas con reingreso inmediato por empeoramiento, errores en la medicación (dosis, alergias, interacciones), falta de consentimiento informado en procedimientos invasivos, y omisión de monitorización cuando el riesgo la hacía obligada. No basta con un resultado adverso: debe existir un incumplimiento objetivo del estándar y un nexo causal con el daño.

A efectos legales, la calificación de negligencia se apoya en informes periciales y en la historia clínica. La carga de la prueba varía según vía (sanidad pública o privada), pero en ambos casos la documentación asistencial y los protocolos vigentes son decisivos para determinar si la actuación se ajustó a la lex artis de urgencias.

Deberes del servicio de urgencias

Los servicios de urgencias tienen obligaciones específicas: triaje correcto para priorizar riesgos vitales, valoración clínica suficiente (anamnesis dirigida, exploración física), registro en historia clínica, monitorización cuando esté indicada, solicitud de pruebas necesarias, tratamiento inicial y plan de seguimiento (observación, ingreso o alta con pautas claras). La Ley 41/2002 de autonomía del paciente impone el consentimiento informado para procedimientos invasivos, salvo urgencia vital inaplazable, y el derecho a la información asistencial comprensible.

En patologías tiempo-dependientes (síndromes coronarios, ictus, sepsis, trauma), existen protocolos y tiempos objetivo. El incumplimiento injustificado de esos estándares puede considerarse desviación de la lex artis. Igual importancia tiene la continuidad asistencial: si se decide alta, deben constar diagnósticos diferenciales, signos de alarma y citas o vías de reconsulta. Un alta sin advertencias cuando persiste riesgo relevante puede ser negligente.

• Triage y reevaluación si cambian síntomas.
• Control de constantes y dolor documentado.
• Revisión de alergias y tratamientos crónicos.
• Entrega de informes y plan de seguimiento.

Cuando la organización del servicio (sobrecarga, guardias, falta de medios) compromete la calidad, la responsabilidad puede extenderse a la entidad titular por defectuoso funcionamiento del servicio. En sanidad pública, ello conecta con la responsabilidad patrimonial; en privada, con la responsabilidad contractual del centro.

Pruebas clave y documentación

La historia clínica completa es la base de la reclamación. Solicítela por escrito al hospital (tiene derecho a copia). Debe incluir triaje, notas de enfermería y médicos, constantes, medicación administrada, resultados de laboratorio e imagen, informes de alta y consentimientos. Verifique horas de llegada, atención, pruebas, administración de fármacos y decisión de alta o ingreso: los tiempos ayudan a valorar si hubo retrasos injustificados.

• Informes de reingreso o complicaciones posteriores.
• Recetas, hojas de medicación y alergias anotadas.
• Partes de ambulancia y llamadas al 112 si existieron.
• Informes de especialistas tras urgencias (cardiología, neurología, cirugía).

Además, reúna documentación del daño: informes de secuelas, rehabilitación, incapacidad laboral, gastos médicos y de transporte, necesidad de ayuda de tercera persona, adaptación de vivienda o vehículo. Cuantificar el perjuicio requiere trazabilidad y evidencias. Si hubo pérdida de oportunidad (por ejemplo, el retraso impidió recibir un tratamiento en ventana terapéutica), documente escenarios alternativos verosímiles según guías clínicas.

Nexo causal y peritaje médico

El éxito de la reclamación descansa en probar el nexo causal entre la actuación negligente y el daño. En urgencias, esto suele apoyarse en un informe pericial de especialista en la materia (urgenciólogo, internista, neurólogo, cardiólogo, etc.) que compare la actuación con los protocolos vigentes y explique cómo una conducta diligente habría evitado o reducido el daño. La causalidad puede ser directa (p. ej., administración de fármaco contraindicado) o por pérdida de oportunidad (retraso diagnóstico que disminuye probabilidades de recuperación).

El perito debe analizar cronología, signos de alarma, pruebas omitidas, tiempos críticos y alternativas razonables. Si existen factores concurrentes (comorbilidades, riesgo basal), se valora el porcentaje de contribución del error médico. En términos jurídicos, basta con un juicio de probabilidad cualificada, no certeza absoluta; pero debe sustentarse en evidencia clínica y guías.

En algunos casos, los hospitales alegan curso natural de la enfermedad o inevitabilidad. Un peritaje sólido puede rebatirlo señalando ventanas terapéuticas, escalas pronósticas y estándares de monitorización. También es crucial valorar la adecuación del alta y de las instrucciones dadas al paciente para reconsultar.

Vías de reclamación: pública y privada

Si el hecho ocurrió en un hospital público, la vía habitual es la responsabilidad patrimonial de la Administración. Se inicia con reclamación administrativa previa ante el Servicio de Salud competente, aportando historia clínica, peritaje y valoración del daño. Si la Administración desestima o no resuelve en plazo, se acude al orden contencioso-administrativo. Aquí el foco es el funcionamiento normal o anormal del servicio, y la indemnización comprende daño emergente y lucro cesante.

En centros privados, suele plantearse demanda por responsabilidad contractual (frente al hospital) y/o extracontractual (frente a profesionales), ante el orden civil. Se reclama por infracción de la lex artis, falta de información o defectos organizativos. Es frecuente dirigir la acción contra la aseguradora del centro o del profesional.

• Vía penal: reservada para supuestos graves (lesiones por imprudencia grave). Requiere prudencia estratégica.
• Reclamación previa al seguro: en privada, puede facilitar acuerdos extrajudiciales.
• MASC (mediación/negociación): a veces acelera indemnizaciones.

Plazos de prescripción y caducidad

En sanidad pública, el plazo para reclamar responsabilidad patrimonial suele ser de un año desde la curación o estabilización de secuelas (dies a quo). La presentación en tiempo interrumpe plazos para acudir posteriormente al contencioso-administrativo. En sanidad privada, la acción contractual frente al centro prescribe, con carácter general, a los cinco años desde que puede ejercitarse; la extracontractual, a un año. Si existieron actuaciones de ocultación o el daño se conoció después (p. ej., diagnóstico tardío), puede discutirse el inicio del cómputo.

Es vital interrumpir la prescripción mediante reclamación fehaciente (burofax) y conservar acuse. El acceso a la historia clínica también puede impactar el dies a quo al revelar la causa real del daño. En menores o personas incapacitadas, los plazos pueden variar; consulte estrategia específica.

No demore la valoración pericial: además de fundamentar la reclamación, orienta sobre si optar por acuerdo extrajudicial o demanda. Una gestión diligente de los tiempos aumenta significativamente la capacidad de negociación.

Indemnización y cálculo de daños

La indemnización persigue restituir al paciente en la medida de lo posible. Se valoran daños personales (lesiones temporales, secuelas, perjuicio moral), lucro cesante (pérdidas de ingresos), daño emergente (gastos médicos, farmacéuticos, cuidados), y adaptaciones necesarias. Como referencia técnica, suele emplearse el baremo de tráfico para cuantificar lesiones y secuelas, ajustándolo al contexto sanitario. En pérdida de oportunidad, se indemniza el porcentaje de probabilidad perdida de un mejor resultado.

• Informe pericial de valoración del daño corporal.
• Justificantes de gastos y tickets originales.
• Acreditación de ingresos (nóminas, IRPF, facturación).
• Necesidad de tercera persona y horas de cuidado.

Recuerde que la existencia de factores preexistentes no elimina la responsabilidad si el error empeoró el pronóstico. La clave está en cuantificar la agravación y documentar la evolución temporal del daño desde la atención en urgencias hasta la estabilización.

Paso a paso para reclamar

1) Conserve todo: informes, recetas, justificantes de gastos, fotografías y cronología de síntomas. 2) Solicite historia clínica completa al hospital. 3) Evalúe con un abogado y un perito la viabilidad (lex artis, causalidad, daños). 4) Cuantifique los perjuicios con baremo y documentación económica. 5) Elija la vía (patrimonial o civil) y valore negociación previa. 6) Interrumpa plazos con burofax si es preciso. 7) Presente reclamación motivada con pericial y prueba documental. 8) Negocie y, si no hay acuerdo, demande por la vía correspondiente.

• Redacte un relato de hechos claro y cronológico.
• Aporte protocolos clínicos aplicables y guías.
• Incluya testigos si hubo acompañantes en urgencias.
• Prepare preguntas para la prueba pericial en juicio.

Una preparación meticulosa incrementa la probabilidad de acuerdo temprano. La claridad en los hechos y en la cifra reclamada ahorra tiempo y costes, y muestra solidez probatoria frente a la Administración o aseguradoras.

Errores frecuentes del paciente

Los tropiezos más comunes que debilitan una reclamación son: dejar pasar plazos, no pedir la historia clínica completa, reclamar sin peritaje sólido, y cuantificar mal los daños. También perjudica apoyar la reclamación solo en el resultado adverso sin demostrar la desviación de la lex artis. A veces se omiten evidencias clave como mediciones de constantes, dosis de fármacos o tiempos de demora entre triaje y primera valoración.

• No documentar reconsultas ni agravamiento tras el alta.
• No conservar tickets y justificantes de gastos.
• Comunicación agresiva que dificulta la negociación.
• Ignorar alternativas de resolución temprana (MASC).

Recuerde que el objetivo no es “culpar” sino acreditar hechos y obtener una reparación justa. La solidez técnica y la documentación ordenada valen más que discursos genéricos. Preparar un dossier claro con índice, cronología y anexos facilita el trabajo del juez y aumenta la fuerza negociadora.

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