Negligencia médica en urgencias hospitalarias

La negligencia médica en urgencias hospitalarias puede existir cuando la atención prestada se aparta de la lex artis, causa un daño efectivo al paciente y además puede acreditarse una relación causal entre esa actuación u omisión y el perjuicio sufrido. No obstante, no todo mal resultado en urgencias implica mala praxis: en este ámbito influyen la gravedad del cuadro, el tiempo de respuesta disponible y la información clínica existente en cada momento.

Si se sospecha una atención urgente deficiente, conviene analizar la historia clínica, los tiempos asistenciales, las pruebas realizadas y, en muchos casos, contar con una valoración pericial antes de decidir si procede iniciar una reclamación sanitaria.

Qué puede considerarse negligencia médica en urgencias hospitalarias

Desde un punto de vista jurídico, puede hablarse de negligencia cuando la asistencia se separa de los estándares exigibles al caso concreto. En urgencias, esa valoración debe hacerse con prudencia, porque las decisiones suelen adoptarse con rapidez y con información inicialmente limitada.

En general, para que una reclamación tenga viabilidad habrá que valorar cuatro elementos: una posible infracción de la lex artis, la existencia de un daño efectivo, el nexo causal entre la asistencia y el resultado, y el apoyo documental y pericial de la reclamación.

También puede resultar relevante la Ley 41/2002, especialmente en materia de información clínica, consentimiento informado e historia clínica, aunque en urgencias el peso de cada aspecto dependerá mucho de la intervención efectivamente realizada y del contexto asistencial.

Cuándo puede existir mala praxis en un servicio de urgencias

Algunos supuestos aparecen con frecuencia en las consultas por mala praxis urgencias, aunque siempre exigen estudio individualizado:

• Diagnóstico tardío o demora diagnóstica, por ejemplo cuando no se detecta a tiempo un ictus, un infarto, una sepsis o una apendicitis y esa demora agrava el pronóstico.
• Alta prematura, si el paciente es dado de alta sin observación suficiente o sin descartar razonablemente patologías relevantes.
• Falta de pruebas indicadas, cuando no se solicitan exploraciones que podían resultar razonablemente necesarias según los síntomas y signos existentes.
• Errores en la valoración inicial o en el triaje, si una clasificación inadecuada retrasa la atención de un cuadro urgente.
• Problemas de información o consentimiento informado, si se realiza una actuación invasiva o relevante sin la información exigible, siempre que ese deber fuera realmente aplicable en ese contexto y no concurriera una situación de urgencia que justificara actuar de inmediato.

Aun así, la mera existencia de uno de estos escenarios no demuestra por sí sola la responsabilidad. Habrá que comprobar si, con los medios disponibles y las circunstancias concretas, la actuación fue o no conforme a la práctica médica exigible.

Qué pruebas conviene reunir para valorar una reclamación sanitaria

La base de una posible reclamación sanitaria suele estar en la documentación. Cuanta más trazabilidad exista sobre lo ocurrido en urgencias, mejor podrá analizarse si hubo error médico en urgencias o si el daño obedeció a la evolución natural de la patología.

• Informes de urgencias, alta, ingreso posterior y evolución clínica.
• Pruebas diagnósticas practicadas y, en su caso, las que no llegaron a realizarse.
• Historia clínica completa, derecho especialmente conectado con la Ley 41/2002.
• Partes de baja, informes de secuelas y documentación laboral o económica si hubo perjuicios añadidos.
• Un informe pericial médico, que en muchos casos resulta decisivo para valorar la infracción de la lex artis y el nexo causal.

Sanidad pública y sanidad privada: qué cambia en la responsabilidad

La vía jurídica no siempre es la misma. En la sanidad pública, cuando el daño se atribuye al funcionamiento del servicio sanitario, suele analizarse la responsabilidad patrimonial de la Administración, con apoyo en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015.

En la sanidad privada, el estudio suele encajar en la responsabilidad contractual o extracontractual, según el caso, con referencia habitual a los artículos 1101 y 1902 del Código Civil. La responsabilidad del hospital, del profesional o de la entidad aseguradora dependerá de la relación asistencial concreta y de cómo se prestó el servicio.

Esta diferencia importa porque puede afectar a la forma de reclamar, a la documentación a presentar y al modo en que se examinan los hechos.

Qué plazos y vías puede haber para reclamar

Los plazos pueden variar según la vía elegida y la naturaleza pública o privada de la asistencia, por lo que conviene no demorarse. En la sanidad pública, si se inicia una reclamación de responsabilidad patrimonial, la tramitación administrativa se enmarca de forma general en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015.

En la privada, la estrategia puede depender del tipo de acción que se valore ejercer, de la póliza aplicable si existe aseguradora y de la documentación disponible. En algunos supuestos puede haber una fase previa extrajudicial y, si no se alcanza solución, plantearse la vía judicial correspondiente. La elección no debería cerrarse sin revisar antes los hechos y los plazos concretos.

Qué daños y perjuicios pueden valorarse en una posible indemnización

En una posible indemnización sanitaria pueden analizarse distintos conceptos, siempre que exista prueba suficiente y conexión causal con la asistencia cuestionada:

• Lesiones temporales y tiempo de curación.
• Secuelas físicas o psicológicas.
• Pérdida de oportunidad terapéutica, si el caso lo permite y puede acreditarse.
• Gastos médicos, farmacéuticos o de rehabilitación.
• Perjuicio económico derivado de bajas, limitaciones funcionales o necesidad de ayuda de terceros.

La cuantificación de los daños y perjuicios no es automática y dependerá del alcance real del daño, de los informes médicos y del criterio jurídico aplicable al caso.

Qué conviene hacer si sospecha un diagnóstico tardío o una atención deficiente

Si sospecha un diagnóstico tardío, una alta prematura o una atención urgente deficiente, lo más prudente suele ser actuar con método:

1. Solicitar y conservar toda la historia clínica y los informes de urgencias.
2. Anotar fechas, horas, síntomas, pruebas y posteriores ingresos o complicaciones.
3. Reunir justificantes de gastos, bajas laborales y cualquier documento sobre secuelas.
4. Pedir una valoración profesional médico-jurídica para estudiar si hubo infracción de la lex artis y si existe nexo causal suficiente.

En resumen, la negligencia médica en urgencias hospitalarias exige un análisis técnico: no basta con que el resultado haya sido malo, sino que debe poder demostrarse que la asistencia se apartó de lo exigible y causó un daño resarcible. Antes de reclamar, suele ser recomendable revisar la documentación y obtener una opinión fundada sobre la viabilidad del caso.