Complicación por cirugía en lado equivocado: reclamar

La cirugía lado equivocado, técnicamente conocida como error de lateralidad quirúrgica o intervención en el lado equivocado, es uno de los supuestos que más claramente obliga a revisar si pudo existir una mala praxis. Ahora bien, desde un punto de vista jurídico en España, no conviene dar nada por automático: habrá que analizar la documentación clínica, el daño realmente producido, la relación causal y el contexto asistencial concreto.

Respuesta breve: sí, una persona puede reclamar si le operan el lado equivocado, tanto en sanidad pública como privada, pero la viabilidad de la reclamación suele depender de cómo conste el error, qué secuelas o perjuicios se hayan producido, qué información recibió el paciente y qué pruebas médicas permitan acreditar la posible negligencia.

En este tipo de casos suelen ser especialmente relevantes la historia clínica, el consentimiento informado, el parte quirúrgico, la evolución posterior y, si se inicia una reclamación, un informe pericial médico que ayude a valorar si existió un daño evitable en cirugía.

Qué significa una cirugía en lado equivocado y por qué puede ser una mala praxis

Se habla de error de lateralidad cuando la actuación quirúrgica se realiza sobre un lado corporal distinto del previsto, por ejemplo, intervenir la rodilla sana en vez de la lesionada o actuar sobre el ojo, brazo, pulmón o mama incorrectos. También puede haber supuestos más complejos, como una marcación deficiente, una documentación contradictoria o errores de identificación previos al acto quirúrgico.

Desde la perspectiva jurídica, una intervención en el lado incorrecto puede constituir un indicio muy relevante de mala praxis médica quirúrgica, porque afecta a la seguridad del paciente y a la correcta verificación del procedimiento. Aun así, no basta con la mera sospecha: conviene determinar con precisión qué estaba indicado, qué se programó, qué se explicó al paciente y qué se hizo finalmente.

Los protocolos de verificación quirúrgica y de seguridad del paciente suelen funcionar como estándares técnicos de buena práctica. Su incumplimiento puede tener importancia probatoria, pero no sustituye por sí solo el análisis jurídico del caso. Si se plantea una reclamación, normalmente habrá que valorar si hubo un fallo evitable de organización, identificación, marcación, comunicación del equipo o ejecución de la cirugía.

Qué derechos del paciente conviene revisar desde el primer momento

La Ley 41/2002 es el marco básico a revisar. Su artículo 2 recoge principios esenciales sobre autonomía del paciente, información clínica y respeto a sus decisiones. En un caso de cirugía lado equivocado, estos principios pueden ser determinantes para analizar si la asistencia se prestó con la diligencia exigible.

También conviene revisar el derecho a la información asistencial del artículo 4. No se trata solo de si hubo información antes de la intervención, sino de si el paciente recibió una explicación comprensible y suficiente sobre el diagnóstico, la actuación prevista, sus riesgos y la evolución posterior cuando se detectó la incidencia.

El consentimiento informado, regulado con carácter general en el artículo 8 de la Ley 41/2002, puede ser una pieza importante. Si el consentimiento describe una intervención en un lado concreto y finalmente se actúa sobre otro, esa discordancia puede resultar jurídicamente muy significativa. Sin embargo, el análisis no debe limitarse al formulario: habrá que comprobar además la indicación médica real y la documentación perioperatoria.

Por último, la propia Ley 41/2002 reconoce la relevancia de la historia clínica en sus artículos 14 y 15. Ese conjunto documental suele ser la base para reconstruir lo sucedido, valorar la corrección del proceso asistencial y detectar posibles inconsistencias entre el motivo de la intervención, la planificación y la ejecución material de la cirugía.

Qué pruebas y documentos ayudan a acreditar un error de lateralidad

En una reclamación sanitaria por operar lado equivocado, la prueba documental y médica suele ser decisiva. Lo prioritario es reunir cuanto antes toda la documentación clínica disponible para evitar lagunas o pérdidas de información relevantes para el análisis posterior.

• Historia clínica completa: consultas, evolución, hoja de enfermería, informes preoperatorios, anestesia, parte quirúrgico y alta.
• Consentimiento informado: conviene comprobar qué intervención y qué lateralidad constaban por escrito.
• Pruebas de imagen e informes radiológicos: pueden ayudar a determinar cuál era el lado afectado inicialmente.
• Documentación de programación quirúrgica: listados, órdenes, etiquetas, hoja de quirófano o marcación preoperatoria, si constan.
• Secuelas y evolución posterior: rehabilitación, reintervenciones, dolor, limitaciones funcionales, baja laboral y gastos.
• Prueba personal: testigos, acompañantes o profesionales que hubieran recibido o transmitido información relevante.

Además de acreditar el error, habrá que valorar el nexo causal entre la actuación médica y los daños reclamados. No siempre bastará con demostrar una incidencia en quirófano: si se pretende una indemnización por negligencia médica, normalmente será necesario conectar esa actuación con secuelas, perjuicios temporales, daños morales o necesidad de nuevos tratamientos.

Cuando existan contradicciones entre informes, fechas o versiones sobre lo ocurrido, conviene no sacar conclusiones precipitadas. En ocasiones, la revisión técnica de la documentación clínica permite distinguir entre un error de lateralidad propiamente dicho y otros problemas distintos de indicación, registro o información.

Qué vías de reclamación pueden valorarse en la sanidad pública y privada

La vía a estudiar depende en gran medida de si la asistencia se prestó en sanidad pública o en sanidad privada, así como de cómo esté organizada la prestación y de quiénes intervinieron. No conviene imponer una única estrategia sin revisar antes la documentación.

En la sanidad pública, si se estudia una reclamación por responsabilidad patrimonial, el análisis suele girar en torno al funcionamiento normal o anormal del servicio público sanitario y a si el paciente sufrió un daño que no tenía el deber jurídico de soportar. Si se inicia una tramitación administrativa, el marco procedimental general puede conectarse con la Ley 39/2015, pero el desarrollo concreto dependerá del caso.

En la sanidad privada, la reclamación puede enfocarse desde la responsabilidad civil médica y, en algunos supuestos, desde la relación contractual o extracontractual con el centro o los profesionales. Aquí suelen ser importantes el contrato asistencial, la identificación de responsables, los seguros y la prueba pericial sobre la adecuación de la asistencia.

Además de la reclamación principal, algunos pacientes presentan reclamaciones internas ante el hospital o formularios de atención al paciente. Estas actuaciones pueden ser útiles para dejar constancia de los hechos y solicitar documentación, aunque no sustituyen por sí solas el estudio jurídico completo del asunto ni garantizan una indemnización.

Cómo influye el informe pericial médico en una posible indemnización

El informe pericial médico suele ser una de las piezas más importantes en una reclamación por posible mala praxis quirúrgica. No solo sirve para describir lo sucedido, sino para ofrecer una valoración técnica sobre si la actuación se apartó de la práctica médica exigible y qué consecuencias derivaron de ello.

En un caso de error de lateralidad, un buen peritaje puede ayudar a aclarar, entre otras cuestiones, las siguientes:

• Cuál era la indicación quirúrgica correcta.
• Qué lado debía intervenirse según la documentación y las pruebas diagnósticas.
• Si existieron fallos de verificación, identificación o coordinación del equipo.
• Qué secuelas físicas, funcionales o psicológicas se produjeron.
• Si hubo necesidad de nuevas intervenciones, rehabilitación o periodos de incapacidad.
• Qué relación causal puede establecerse entre el error y el daño reclamado.

La posible indemnización por negligencia médica no se determina solo por la existencia del error, sino también por la entidad del perjuicio. Por eso conviene cuantificar adecuadamente las secuelas, los días de perjuicio, los gastos acreditados, la pérdida de calidad de vida y, en su caso, los daños morales. Esa valoración dependerá del material clínico y pericial disponible.

Qué errores conviene evitar antes de reclamar

En este tipo de asuntos, actuar con rapidez no significa actuar sin criterio. Hay varios errores frecuentes que pueden dificultar la reclamación o debilitar la prueba:

• Confiar solo en un relato verbal sin pedir la documentación clínica completa.
• Firmar escritos, conformidades o explicaciones sin conservar copia.
• Esperar demasiado para reunir informes, gastos y pruebas de secuelas.
• Pensar que el consentimiento informado cubre cualquier resultado o cualquier error material.
• Dar por hecho que toda incidencia quirúrgica genera automáticamente una condena o una indemnización.
• Iniciar una reclamación compleja sin una revisión previa por profesional jurídico y pericial.

También conviene evitar simplificaciones sobre plazos o procedimientos. El tiempo disponible para reclamar y la estrategia más adecuada pueden variar según si el caso corresponde a sanidad pública o privada, según la fecha de estabilización del daño y según cómo se configure la acción que se pretenda ejercitar. Por ello, es recomendable una revisión individualizada.

En resumen

Una operación en el lado equivocado puede ser un supuesto especialmente relevante de mala praxis quirúrgica, pero la viabilidad de una reclamación dependerá de la prueba disponible, del daño efectivamente sufrido y del análisis del nexo causal. La historia clínica, el consentimiento informado, los informes quirúrgicos y el informe pericial médico suelen ser decisivos para valorar si existe base suficiente para reclamar.

Si sospechas un error de lateralidad, un siguiente paso razonable suele ser revisar toda la documentación clínica con una abogada o abogado de negligencia médica y, si procede, con un perito médico. Ese análisis previo permite enfocar con prudencia la estrategia y valorar qué vía puede encajar mejor en tu caso, tanto en sanidad pública como privada.