Cómo reclamar por infección hospitalaria

Una infección hospitalaria, también llamada infección nosocomial, no da derecho a indemnización por sí sola. Es una expresión médico-asistencial; jurídicamente, habrá que valorar si existió funcionamiento anormal del servicio, infracción de la lex artis o una responsabilidad civil imputable al centro o a los profesionales.

En la práctica, puede ser relevante analizar si hubo fallos evitables en prevención, asepsia, control postoperatorio, diagnóstico precoz o tratamiento de la infección, especialmente cuando el cuadro evoluciona y aparecen secuelas graves o incluso una sepsis nosocomial. La viabilidad de una reclamación dependerá de la documentación clínica, del nexo causal y del daño realmente acreditado.

Qué se considera infección hospitalaria y cuándo puede dar lugar a reclamación

De forma general, se habla de infección hospitalaria cuando la infección se adquiere con ocasión de la asistencia sanitaria y no constaba como presente al ingreso o antes del procedimiento. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, no toda infección adquirida en un hospital equivale a mala praxis, porque existen riesgos infecciosos que pueden producirse incluso con una actuación correcta.

Reclamar por infección hospitalaria puede ser viable si se acredita daño, relación causal con la asistencia y una actuación contraria a la lex artis o un funcionamiento anormal del servicio. No basta con que la infección exista: conviene demostrar que hubo un fallo evitable relevante en prevención, detección o tratamiento.

Entre los supuestos que conviene analizar están las infecciones asociadas a cirugía, catéteres, material implantado, curas deficientes, retrasos en el diagnóstico o falta de control clínico tras la aparición de signos de infección. Cada caso exige estudio individualizado.

Qué hay que acreditar para reclamar una infección nosocomial

Para valorar una posible responsabilidad sanitaria, normalmente habrá que acreditar varios elementos:

• Daño efectivo: infección, complicaciones, reintervenciones, ingresos prolongados, secuelas o fallecimiento.
• Nexo causal: relación entre la asistencia recibida y el resultado lesivo.
• Infracción de la lex artis o funcionamiento anormal: por ejemplo, incumplimientos de asepsia, vigilancia insuficiente o demora en tratar la infección.
• Antijuridicidad del daño en el ámbito público, esto es, que el paciente no tenga el deber jurídico de soportarlo en las circunstancias del caso.

La carga probatoria y su distribución no responden a una fórmula automática. Dependerá de la documentación disponible, del tipo de obligación asumida, de la evolución clínica y de la doctrina jurisprudencial aplicable.

Pruebas y documentación médica que conviene reunir

Si se plantea reclamar negligencia, suele ser esencial solicitar cuanto antes la historia clínica completa, al amparo de la normativa sobre autonomía del paciente, especialmente la Ley 41/2002 en lo relativo a documentación e información asistencial.

• Informes de ingreso, cirugía, alta, urgencias y consultas sucesivas.
• Resultados de cultivos, analíticas, antibiogramas y pruebas de imagen.
• Hojas de enfermería, evolución médica y registros de curas o control de constantes.
• Consentimientos informados y documentación sobre riesgos explicados.
• Facturas, gastos, justificantes laborales y pruebas de secuelas.
• Un informe pericial médico-legal, muchas veces decisivo para valorar la mala praxis y el alcance del daño.

Qué vías pueden valorarse según si el centro es público o privado

Cuando la asistencia se presta en la sanidad pública, suele analizarse la responsabilidad patrimonial de la Administración, con fundamento en el art. 106.2 de la Constitución y en los arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015. Si se inicia esa vía, la tramitación administrativa se rige, en lo procedente, por la Ley 39/2015.

En centros privados, puede valorarse una acción de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, según las circunstancias, con referencia habitual a los arts. 1101 y 1902 del Código Civil. Si se inicia una reclamación judicial, habrá que analizar la jurisdicción competente y la acción más adecuada al caso.

Plazos y aspectos temporales que no conviene pasar por alto

Los plazos no deben tratarse de forma uniforme. En sanidad pública, la acción de responsabilidad patrimonial está sujeta a un plazo específico que conviene computar con cuidado, especialmente cuando existen secuelas, estabilización lesional o evolución diferida. En el ámbito privado, el plazo puede variar según la acción ejercitada y la naturaleza contractual o extracontractual de la reclamación.

Por eso, antes de presentar una demanda hospital o una reclamación administrativa, conviene revisar la fecha del alta, el momento en que se conoció el alcance del daño y la posible interrupción o incidencia de actuaciones previas con abogados expertos en negligencias médicas.

Qué daños pueden incluirse en una posible indemnización

Una eventual indemnización médica puede comprender, según proceda y se pruebe, perjuicios personales temporales, secuelas físicas o funcionales, daño moral, gastos médicos o farmacéuticos, necesidad de ayuda de tercera persona, pérdida de ingresos y mayores estancias o reintervenciones derivadas del proceso infeccioso.

La cuantificación dependerá del daño concreto, de la prueba pericial y del criterio aplicable en cada vía, sin que exista una cifra estándar por el mero hecho de haber sufrido un contagio en hospital.

Errores frecuentes al reclamar por infección hospitalaria

• Pensar que toda infección nosocomial implica automáticamente mala praxis.
• Esperar demasiado para pedir la historia clínica o el informe pericial.
• No distinguir entre centro público y privado al elegir la vía.
• Basar la reclamación solo en sospechas, sin prueba del nexo causal.
• Olvidar documentar secuelas, gastos y perjuicios laborales.

En definitiva, no toda infección hospitalaria es reclamable, pero tampoco conviene descartarla sin revisar con detalle la historia clínica, la cronología, los protocolos de seguridad del paciente y las secuelas. Si existen dudas razonables, puede ser útil obtener una valoración médico-legal y jurídica antes de decidir si iniciar una reclamación.