¿Sabías que la mala praxis puede ser un delito penal?

Sí, la mala praxis médica puede llegar a constituir un delito penal en ciertos supuestos, pero no toda negligencia médica lo es. En España, un mal resultado asistencial no equivale automáticamente a delito: puede tratarse de una complicación inherente al acto médico, de una posible infracción de la lex artis con consecuencias civiles o, en los casos más graves y acreditados, de una imprudencia con relevancia penal.

Conviene distinguir desde el principio entre complicación, error médico y posible responsabilidad penal. La expresión “mala praxis” es de uso común, pero jurídicamente habrá que analizar qué ocurrió, qué daño se produjo, si la actuación se apartó de la práctica exigible y qué documentación y peritajes médicos permiten sostenerlo.

Cuándo la mala praxis médica puede tener relevancia penal

La relevancia penal suele aparecer cuando la actuación médica causa lesiones o fallecimiento y puede encajar en un delito imprudente. Como marco básico, el art. 142 del Código Penal regula el homicidio por imprudencia y el art. 152 del Código Penal las lesiones por imprudencia. No obstante, su aplicación dependerá del grado de imprudencia, del resultado producido y de la prueba disponible.

Esto significa que no todo error de diagnóstico, retraso asistencial o decisión clínica discutible constituye delito. Para hablar de vía penal normalmente habrá que valorar si existió una infracción relevante de la lex artis, si esa actuación fue suficientemente grave y si existe relación causal con el daño.

Qué conductas pueden encajar en un delito por actuación médica

No existe una lista cerrada, pero algunos supuestos pueden plantear relevancia penal si se acreditan adecuadamente. Por ejemplo:

• omisiones asistenciales graves o demoras injustificadas con resultado lesivo relevante;
• determinados errores de diagnóstico cuando el apartamiento de la práctica exigible sea grave y cause un perjuicio acreditable;
• intervenciones o actuaciones realizadas sin la información debida o sin consentimiento informado en contextos en los que ello resulte jurídicamente exigible;
• posible falsificación de documentación médica o alteración de la historia clínica, si existiera prueba suficiente.

Sobre el consentimiento, la Ley 41/2002 establece en su art. 8 las bases del consentimiento informado. Su ausencia o deficiencia puede ser muy relevante para una reclamación, pero no debe presentarse automáticamente como delito en todos los casos. Habrá que examinar el tipo de actuación, la urgencia, la información realmente facilitada y el daño producido.

También la documentación clínica importa. El art. 14 de la Ley 41/2002 regula la historia clínica como instrumento esencial de la asistencia. Su contenido, integridad y trazabilidad pueden resultar decisivos si se inicia una reclamación judicial.

Qué hay que acreditar para hablar de responsabilidad penal

Para sostener una posible responsabilidad penal no basta con que el paciente haya sufrido un daño. Normalmente será necesario acreditar varios elementos:

• una actuación u omisión contraria a la lex artis;
• un grado de imprudencia con entidad penal, que no se presume por el solo hecho del resultado;
• un daño concreto, como lesiones o fallecimiento;
• una relación causal entre la actuación médica y ese daño;
• prueba técnica suficiente, habitualmente apoyada en una pericial médica.

En la práctica, la discusión suele centrarse en si el comportamiento del profesional se apartó de forma relevante de lo exigible y si ese apartamiento explica el resultado. Por eso, no todo resultado adverso permite hablar de negligencia médica con trascendencia penal.

Qué diferencias hay entre la vía penal y la reclamación civil

La vía penal y la civil responden a lógicas distintas. La penal exige encajar los hechos en un tipo delictivo y acreditar un nivel de imprudencia con relevancia penal. La civil, en cambio, puede orientarse a obtener una indemnización por el daño asistencial cuando se acredite incumplimiento de la práctica debida y perjuicio evaluable.

En muchos asuntos de responsabilidad médica, el debate principal termina situándose en el terreno indemnizatorio más que en el penal. Aun así, dependerá del caso concreto, de la gravedad de los hechos y de la estrategia jurídica que se considere más adecuada tras revisar la documentación.

Qué pruebas y documentos conviene revisar

Antes de valorar acciones, conviene reunir y estudiar con detalle las pruebas de mala praxis. Entre los documentos más relevantes suelen estar:

• historia clínica completa;
• hojas de evolución, pruebas diagnósticas e informes de alta;
• documentos de consentimiento informado;
• registros de quirófano, medicación y monitorización, si existen;
• informes periciales o prepericiales;
• comunicaciones con el centro sanitario y cronología de los hechos.

La calidad de la prueba es determinante. Una reclamación sólida no se apoya solo en la percepción de que “algo salió mal”, sino en una reconstrucción documentada de lo sucedido y en una valoración técnica independiente.

Qué puede hacer un paciente si sospecha una mala praxis

Si un paciente sospecha una posible mala praxis médica, lo razonable suele ser actuar con prudencia y método. Puede ser útil solicitar la historia clínica, conservar toda la documentación, anotar fechas y profesionales intervinientes y recabar una valoración pericial antes de decidir si conviene plantear una reclamación.

La idea principal es clara: la mala praxis médica puede constituir delito en España, pero solo en determinados supuestos y tras un análisis jurídico y médico riguroso. No toda complicación ni toda negligencia aparente tendrá encaje penal. Por eso, antes de escoger una vía, conviene revisar historia clínica, consentimiento informado y peritaje médico para valorar con cautela qué opción puede resultar más adecuada en el caso concreto.