Negligencia en cirugía pediátrica: pasos legales

Qué es negligencia quirúrgica pediátrica

La negligencia en cirugía pediátrica se produce cuando, durante una intervención quirúrgica a un menor, el equipo médico se aparta de la lex artis ad hoc —el estándar de diligencia exigible— y dicho apartamiento causa un daño evitable. No se trata de juzgar con perspectiva perfecta los resultados, sino de valorar si, dadas las circunstancias clínicas, recursos disponibles y protocolos, la actuación fue prudente y conforme a la ciencia médica. En población infantil confluyen factores específicos: la anatomía y fisiología del niño, la dificultad de comunicación del dolor, la necesidad de consentimientos por representantes legales y la obligación reforzada de información preoperatoria sobre riesgos y alternativas.

Ejemplos típicos incluyen errores de lateralidad o identificación del paciente, fallos en el control de la vía aérea o anestesia, omisión de profilaxis antibiótica indicada, lesiones vasculares o nerviosas no justificadas, mala hemostasia con hemorragias prevenibles, retención de material quirúrgico, o el alta precoz sin vigilancia adecuada que deriva en complicaciones graves. También cabe negligencia por demora quirúrgica injustificada cuando el retraso agrava el pronóstico.

• Estándar: actuación conforme a protocolos y evidencia.
• Daño: lesión, secuela o fallecimiento que no se habría producido de actuar correctamente.
• Nexo causal: relación técnica entre conducta y daño.

Cuándo existe responsabilidad sanitaria

La responsabilidad sanitaria en cirugía pediátrica nace cuando concurren tres elementos: una conducta culposa (por acción u omisión), un daño cierto y un nexo causal probado. La culpa puede ser imprudencia, impericia o inobservancia de protocolos. En menores, los tribunales suelen ponderar con especial rigor la falta de monitorización adecuada, el control del dolor y la seguridad anestésica, dado el mayor riesgo. No toda complicación supone negligencia: hay riesgos típicos y estadísticamente aceptados que, aun ocurriendo, no implican culpa si se informó adecuadamente y se actuó con diligencia.

El consentimiento informado es crucial. Debe entregarse a los progenitores o tutores con información comprensible sobre diagnóstico, procedimiento, riesgos frecuentes y raros pero graves, alternativas y consecuencias de no intervenir. En adolescentes maduros, es recomendable informar también al menor y recoger su asentimiento. La falta de información o la información defectuosa puede generar responsabilidad incluso si la técnica fue correcta.

• Impericia: técnica inadecuada para el caso.
• Imprudencia: omitir controles o vigilancia necesaria.
• Inobservancia: no seguir guías o protocolos pediátricos.

Primeros pasos legales y asistenciales

Ante la sospecha de negligencia tras una cirugía infantil, la prioridad es la seguridad del menor. Solicita atención en urgencias o segunda opinión si hay empeoramiento, dolor descontrolado, fiebre persistente, supuración de la herida, vómitos, alteración neurológica u otros signos de alarma. Paralelamente, inicia la recopilación documental: historia clínica completa, hoja quirúrgica, anestesia, medicación, informes de alta, resultados analíticos y de imagen, así como comunicaciones por escrito con el hospital.

Desde el punto de vista legal, conviene conservar un registro cronológico de hechos: fechas de consultas, nombres de profesionales, indicaciones recibidas, síntomas y evolución. Guarda fotografías de la herida y de cualquier dispositivo (drenajes, yesos) si ayudan a ilustrar el caso. No publiques datos en redes sociales; mantén la confidencialidad del menor.

Documentación, pruebas y peritaje

La prueba pericial es el eje de una reclamación por negligencia en cirugía pediátrica. El perito —habitualmente un cirujano pediatra o anestesista pediátrico— analiza la historia clínica, la indicación quirúrgica, el consentimiento informado, el desarrollo de la intervención, la monitorización, las incidencias y el postoperatorio. Su dictamen determinará si hubo desviación del estándar y si esa desviación causó el daño.

Para que el peritaje sea sólido, necesitas un expediente completo: preoperatorio (diagnóstico, pruebas, valoración anestésica), intraoperatorio (tiempos, técnica, incidencias, pérdidas hemáticas, dispositivos), postoperatorio (controles, analgesia, signos vitales, complicaciones y respuestas). Si faltan hojas o hay tachones, el perito lo señalará como deficiencia documental, lo que puede reforzar la presunción de mala praxis si perjudica el derecho de defensa del paciente.

• Pruebas complementarias: analíticas, radiografías, ecografías, TAC, RM.
• Informes de urgencias tras el alta si hubo reingreso.
• Valoración rehabilitadora y psicológica en secuelas funcionales o emocionales.

Vías de reclamación: civil, penal y administrativa

La elección de la vía de reclamación depende del tipo de centro (público o privado), la gravedad de los hechos y la estrategia procesal. En centros privados, la acción suele canalizarse por la vía civil frente al profesional y la aseguradora del hospital, reclamando daños y perjuicios. En centros públicos, es frecuente acudir a la vía administrativa por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. La vía penal se reserva para conductas especialmente graves que puedan constituir imprudencia profesional de entidad.

La civil exige acreditar culpa, daño y nexo; la administrativa se centra en el funcionamiento anormal del servicio; la penal requiere tipicidad y una prueba robusta de imprudencia. En todas, la pericial pediátrica es determinante. La elección debe valorar plazos, costes, carga probatoria, tiempos de resolución y posibilidad de acuerdo extrajudicial. Muchas veces procede un requerimiento previo o burofax a la aseguradora con el informe pericial para abrir negociación.

Indemnización y cálculo de daños

La indemnización por negligencia en cirugía pediátrica busca resarcir integralmente el daño. Se valoran daños personales (lesiones temporales, secuelas, dependencia), daño moral del menor y de la familia, gastos médicos y de rehabilitación, adecuación de vivienda, ayudas técnicas, pérdida de oportunidades (escolares y futuras) y, en su caso, lucro cesante proyectado a la mayoría de edad si las secuelas reducen la capacidad laboral futura.

Para cuantificar, se emplean tablas de valoración y criterios médicos-legales que ponderan el porcentaje de secuela, el impacto funcional, la edad del menor y la necesidad de tratamientos de por vida. Es esencial incluir informes de rehabilitación, logopedia o neuropsicología si proceden. Las secuelas estéticas (cicatrices visibles) y las repercusiones psicológicas merecen atención específica en niños y adolescentes.

• Gastos presentes y futuros con justificación (facturas, presupuestos).
• Apoyo escolar, terapias y transporte sanitario.
• Daño moral por sufrimiento y alteración de la vida familiar.

Plazos de prescripción y caducidad

Los plazos son determinantes. La reclamación puede tener tiempos distintos según la vía y si el centro es público o privado. Además, tratándose de menores, a menudo los plazos se modulan hasta su mayoría de edad para ciertas acciones, lo que no impide que sea aconsejable actuar cuanto antes por razones probatorias. Una regla práctica es iniciar la solicitud de historia clínica en cuanto surja la sospecha y consultar de inmediato para evitar la pérdida de acciones.

No esperes a la estabilización completa de las secuelas si ello compromete los plazos: la estrategia puede contemplar una reclamación inicial y, posteriormente, una actualización pericial cuando el cuadro esté consolidado. Si hubo reclamación previa o mediación, revisa si interrumpe o suspende la prescripción para no incurrir en caducidad.

Cómo elegir abogado y equipo pericial

El éxito de una reclamación por negligencia quirúrgica infantil depende de un equipo con experiencia específica. Busca un despacho que acredite casuística en cirugía pediátrica, relaciones con peritos pediátricos y anestesistas, y dominio de la documentación hospitalaria. Valora su enfoque estratégico (vía civil/administrativa/penal), su política de costes y la transparencia en tiempos y expectativas.

En cuanto al perito, prioriza especialistas con práctica clínica en pediatría quirúrgica, publicaciones o docencia, y habilidad para defender el informe en sede judicial. Un screening preliminar evita costes si el caso carece de viabilidad. Pregunta por tasas de acuerdo extrajudicial y por cómo gestionan segundas opiniones.

• Transparencia de honorarios y fases del caso.
• Metodología del peritaje: criterios, guías, referencias clínicas.
• Plan de comunicación con la familia y actualizaciones periódicas.

Errores comunes que evitar

Uno de los errores más frecuentes es demorar la solicitud de la historia clínica, lo que dificulta reconstruir los hechos. También es habitual no guardar comunicaciones y recomendaciones, o acudir a profesionales generalistas sin experiencia en cirugía pediátrica. Publicar detalles del caso en redes puede perjudicar la estrategia y la privacidad del menor. Otro error es centrar la reclamación solo en el cirujano sin valorar el papel de anestesia, enfermería, cuidados posoperatorios o gestión de camas y demoras.

Evita iniciar trámites sin un peritaje previsible de éxito: los costes emocionales y económicos exigen una evaluación técnica rigurosa. No subestimes el daño psicológico en el menor y la familia; incluir este componente fortalece la indemnización y la rehabilitación integral.

• No perder plazos; anotar fechas clave.
• Conservar recetas, partes de urgencias y fotografías de la evolución.
• Solicitar segunda opinión si persisten síntomas.

Preguntas frecuentes

¿Toda complicación implica negligencia? No. En cirugía pediátrica hay riesgos inherentes. Habrá negligencia si la complicación era evitable aplicando la lex artis o si existió falta de información suficiente sobre riesgos relevantes.

¿Qué valor tiene el consentimiento informado? Es esencial. Un consentimiento mal informado o inexistente puede generar responsabilidad por vulneración del derecho de información, incluso cuando la técnica fue correcta, y aumentar la indemnización por daño moral.

¿Es necesario siempre un peritaje? Prácticamente sí. El perito pediátrico determina el estándar exigible, analiza los fallos y relaciona el daño con la actuación. Sin peritaje, la reclamación pierde solidez.

¿Qué puedo reclamar? Daños personales y morales del menor, gastos médicos y terapias, apoyo escolar, adaptación de vivienda, ayudas técnicas y, en secuelas graves, proyección de pérdidas futuras.

¿Cuándo debo iniciar la reclamación? Lo antes posible. Solicita la historia clínica de inmediato y busca asesoramiento especializado para elegir la vía adecuada y preservar pruebas y plazos.