Acuerdo de confidencialidad tras mala praxis: ¿es válido?

En España, un acuerdo confidencialidad mala praxis puede llegar a ser válido en ciertos términos, pero no como un mecanismo automático para cerrar cualquier posible reclamación sanitaria. Desde un punto de vista jurídico, conviene precisar que “mala praxis” es una expresión común o SEO; técnicamente suele ser más correcto hablar de presunta negligencia médica, responsabilidad sanitaria o, según el caso, de acuerdo transaccional o extrajudicial con cláusula de confidencialidad.

La clave no está en una regulación especial y autónoma de la confidencialidad para estos supuestos, sino en su posible encaje dentro de la autonomía de la voluntad, con los límites del ordenamiento. Como marco principal, conviene partir del artículo 1255 del Código Civil, que permite a las partes establecer los pactos que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral ni el orden público. Además, para que exista contrato válido habrá que atender a los requisitos del artículo 1261 del Código Civil, y a la licitud de su causa conforme al artículo 1275 del Código Civil.

Qué significa realmente firmar un acuerdo de confidencialidad tras una presunta mala praxis

Firmar una cláusula o un acuerdo de confidencialidad negligencia médica no siempre significa lo mismo. En la práctica, puede formar parte de una demanda por mala praxis médica por el que una clínica, profesional o aseguradora ofrece una cantidad económica o asume determinadas prestaciones a cambio de fijar un marco de reserva sobre el conflicto.

Ese contenido puede abarcar cuestiones muy distintas: no difundir públicamente determinados hechos, no revelar el importe de una compensación, no compartir documentos concretos fuera de una reclamación, o incluso incorporar una renuncia de acciones. Precisamente por eso, antes de hablar de validez conviene analizar qué se pacta exactamente y cuál es la contraprestación.

También es importante distinguir entre dos planos:

• Normas directamente aplicables: Código Civil sobre validez contractual y Ley 41/2002 respecto de información asistencial, consentimiento informado, historia clínica y acceso a la documentación clínica.
• Aspectos negociables por autonomía de la voluntad: por ejemplo, el grado de reserva pública sobre el acuerdo, la forma de pago, la ausencia o no de reconocimiento expreso de responsabilidad, o determinadas cautelas sobre difusión a terceros fuera de un procedimiento.

Cuándo puede ser válido y qué límites no se pueden pactar

Un acuerdo de este tipo puede ser válido si concurren consentimiento, objeto y causa, de acuerdo con el artículo 1261 del Código Civil, y si su contenido no vulnera la ley, la moral o el orden público, conforme al artículo 1255 del Código Civil. Además, la causa del pacto debe ser lícita, porque los contratos con causa ilícita no producen efecto, según el artículo 1275 del Código Civil.

En términos prácticos, suele haber más margen para pactar la reserva sobre condiciones económicas o la no difusión pública del conflicto que para imponer silencios absolutos sobre hechos relevantes o renuncias genéricas de derechos cuyo alcance no está claro. También habrá que valorar el artículo 6.2 del Código Civil, que impide considerar válida la exclusión voluntaria de la ley aplicable o la renuncia de derechos reconocidos en ella cuando contradigan el interés o el orden público o perjudiquen a terceros.

Por ello, no basta con que el documento se titule “acuerdo de confidencialidad”. Habrá que examinar si en realidad contiene una transacción, una renuncia de acciones, una liquidación de daños o una combinación de todas ellas, y si el equilibrio entre lo que se cede y lo que se recibe resulta defendible.

Qué no debería impedir una cláusula de confidencialidad

Una cláusula de confidencialidad no debería presentarse como si impidiera siempre reclamar, denunciar, acudir a juicio o solicitar documentación clínica. Si se inicia una reclamación, el alcance real del pacto habrá que valorarlo a la luz de su redacción concreta, del contexto y de los límites generales de validez contractual.

En particular, conviene tener presentes varios puntos:

• El acceso a la historia clínica tiene un régimen propio en la Ley 41/2002. El paciente tiene derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, en los términos de su artículo 18, con las reservas legales allí previstas.
• La historia clínica y la documentación asistencial no dependen simplemente de lo que una de las partes quiera imponer por contrato. Su contenido, conservación y acceso se integran en un marco legal específico, entre otros, en los artículos 14 a 18 de la Ley 41/2002.
• El derecho a recibir información asistencial y la relevancia del consentimiento informado también se rigen por la Ley 41/2002, especialmente en sus artículos 4 y 8. Una cláusula privada no debería desdibujar ese marco.
• Si existen hechos con posible relevancia judicial o administrativa, una redacción que intente borrar o inutilizar pruebas puede ser especialmente delicada y exigir revisión jurídica inmediata.

Qué documentos conviene revisar antes de firmar

Antes de aceptar un acuerdo, conviene revisar no solo el borrador contractual, sino también la base documental del caso. Firmar con prisas puede dificultar una valoración completa del daño, sobre todo cuando todavía no están claras las secuelas o la relación entre la asistencia recibida y el resultado lesivo.

Documentos que suelen ser relevantes:

• Borrador íntegro del acuerdo: cláusulas de confidencialidad, pago, plazos, renuncia de acciones, alcance subjetivo y posibles penalizaciones por incumplimiento.
• Historia clínica completa, incluyendo consentimientos informados, evolución, pruebas diagnósticas, informes quirúrgicos, altas y hojas de tratamiento.
• Documentación económica: justificantes de gastos médicos, desplazamientos, bajas laborales y otros perjuicios acreditables.
• Informes médicos posteriores, segundas opiniones y evolución de daños y secuelas.
• Informe pericial médico o al menos una valoración preliminar, especialmente si aún no está claro el alcance real del daño.

El informe pericial médico tiene un valor práctico evidente: ayuda a determinar si puede existir infracción de la lex artis, qué daños son compatibles con la actuación sanitaria discutida y si la cantidad ofrecida guarda alguna proporción con el perjuicio apreciable. No garantiza el éxito de una futura reclamación, pero sí permite decidir con más información.

También conviene revisar si el acuerdo contiene expresiones como “liquidación total y definitiva”, “renuncia plena a acciones presentes y futuras” o “manifestación de conformidad con la asistencia recibida”. Ese tipo de fórmulas puede tener relevancia jurídica y no debería firmarse sin entender bien su alcance, especialmente en casos de error en pruebas diagnósticas.

Qué cambia si el caso afecta a sanidad pública o a medicina privada

La forma de enfocar el conflicto puede variar según se trate de sanidad pública o medicina privada. No porque la confidencialidad tenga una naturaleza completamente distinta, sino porque cambian el marco de responsabilidad, la documentación relevante y, en su caso, la vía de reclamación.

En ambos escenarios, el acceso a la documentación clínica sigue teniendo como referencia la Ley 41/2002. Además, si el acuerdo incluye tratamiento o cesión de datos personales, la normativa de protección de datos puede actuar como marco complementario, aunque no debe desplazar la cuestión principal: la validez contractual y los derechos del paciente en el ámbito sanitario.

Cuándo conviene valorar una reclamación con apoyo pericial y asesoramiento jurídico

Suele ser aconsejable pedir una segunda opinión jurídica y médica antes de firmar cuando concurren una o varias de estas circunstancias:

• La oferta económica llega muy pronto y todavía no se conocen bien los daños y secuelas.
• La cláusula de confidencialidad se mezcla con una renuncia de acciones extensa o ambigua.
• No se ha facilitado todavía toda la historia clínica o hay dudas sobre documentos relevantes.
• Existen interrogantes sobre el consentimiento informado, la indicación del tratamiento o la corrección del seguimiento asistencial.
• La propuesta se condiciona a firmar con urgencia o sin permitir revisión por un abogado negligencia médica.

El objetivo del análisis no tiene por qué ser siempre demandar. A veces, el asesoramiento sirve para renegociar mejor un pacto extrajudicial, delimitar una confidencialidad razonable o aplazar la firma hasta contar con una valoración pericial suficiente. En otros supuestos, puede concluirse que la reclamación presenta escasa viabilidad. Lo importante es decidir con información y no solo por la presión del momento.

Si se estudia una posible indemnización negligencia médica, habrá que valorar de forma individualizada la existencia de daño, nexo causal, prueba disponible y vía adecuada, que puede ser extrajudicial o, según el caso, civil, contencioso-administrativa e incluso penal en supuestos muy concretos. Ninguna de estas vías es automática ni siempre procedente.

Conclusión

En definitiva, un acuerdo confidencialidad mala praxis puede ser válido en España si respeta los requisitos del contrato y los límites del ordenamiento, pero su eficacia real depende del contenido concreto que se haya pactado. No conviene asumir que una cláusula de confidencialidad cierre por sí sola cualquier opción futura ni que pueda desplazar el régimen legal de acceso a la documentación sanitaria.

El error más frecuente suele ser firmar con prisa, sin haber revisado la historia clínica, sin valorar el alcance de la renuncia de acciones y sin contar con una base pericial mínima cuando los daños aún evolucionan. Antes de aceptar una oferta, suele ser razonable revisar la documentación clínica, el borrador del acuerdo y la viabilidad de la reclamación con asesoramiento especializado.